Procuraduría califica de emergencia humanitaria el hacinamiento en cárceles, las URI y estaciones de Policía de la capital
–La Procuraduría General de la Nación y la Personería de Bogotá activaron sistema de alertas tempranas para hacer seguimiento a las graves condiciones de hacinamiento en las cárceles, las URI y estaciones de Policía de la capital de la República, además de la atención en salud y la calidad de los alimentos que suministran a losdetenidos.
El Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés González, advirtió que el hacinamiento no es un problema de cifras sino de derechos, y calificó que esta situación es una emergencia humanitaria.
Cortes González anunció la activación de un sistema de alertas tempranas de la Procuraduría y la Personería de Bogotá, para hacer seguimiento a las condiciones de hacinamiento, la atención en salud y la calidad de los alimentos que se brindan a los detenidos en las URI de la capital, especialmente en Puente Aranda, en donde hay actualmente 140 personas en una zona prevista para 80 detenidos.
“Estamos trabajando directamente en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Bogotá, lo haremos en otras ciudades también, para tomarle el pulso a la situación de lo que está pasando en las estaciones de Policía, en las URI, y por supuesto, en los establecimientos carcelarios para que le pongamos la cara y lo solucionemos entre todos, como nos corresponde por mandato de la Constitución”.
Ya está en funcionamiento el punto de atención para recibir denuncias en URI de Puente Aranda sobre hacinamiento o mal funcionamiento. @PGN_COL y @personeriabta en los próximos días tendremos otra más en URI de Kennedy pic.twitter.com/GTOfaFlorm
— Juan Carlos Cortés (@ViceprocuCortes) April 29, 2019
El Viceprocurador también se refirió a la situación de las estaciones de Policía en la ciudad, en las que hay 1.010 personas detenidas, de las cuales 195 ya fueron condenadas y 40 de ellas tienen medida de detención domiciliaria.
“Requerimos a las autoridades penitenciarias, concretamente al INPEC para que se dé traslado inmediato a las personas condenadas a centros de reclusión habilitados, o asegurar la medida de detención domiciliaria para reducir así la congestión”.
