El Ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero, aseguró este lunes que en el Ejército Nacional no se sanciona por bajos resultados operacionales, sino por atentar contra la Constitución, la ley, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“El Ejército Nacional, quiero decirlo con claridad, nunca, nunca sanciona por resultados operacionales, nunca. El Ejército sanciona cuando se viola la ley, o cuando se violan los estándares de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, enfatizó el Ministro, en declaración a los medios de comunicación.

Así mismo, el titular de la cartera de Defensa destacó que en lo corrido de este Gobierno se han intensificado las operaciones militares, se ha reducido el número de neutralizaciones (bajas) en combate y han aumentado las capturas.

“En este Gobierno es donde menos bajas se han producido y se ha doblado el número de operaciones militares, más de un 110 por ciento se han intensificado. Hemos logrado 141 por ciento más de capturas que en el mismo periodo anterior, y hemos logrado que haya un 21 por ciento más de desmovilizaciones”, indicó el Ministro Botero.

Igualmente, subrayó que en lo corrido del 2019 se han logrado 3 mil 676 capturas, frente a las mil 527 registradas en el mismo periodo del 2018.

Además, puso de presente que en lo trascurrido de este año se han registrado 291 desmovilizaciones, frente a las 240 del mismo periodo del 2018.

El Ministro también resaltó que una muestra del compromiso de las Fuerzas Militares con el respeto a los derechos humanos y el DIH se evidencia en los casos en los que las tropas han atendido a 23 miembros de grupos armados ilegales, que han resultado heridos en las operaciones.

“Cuando ha habido heridos es la Fuerza Pública la que los ha transportado en helicópteros, en lanchas, llevado a los centros asistenciales, en cumplimiento de esa observancia en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario”, señaló.

Finalmente, el Ministro Botero aseveró que “cualquier conducta de la Fuerza Pública, que sea contraria a la Constitución, la ley, a los derechos humanos y al DIH, deberá ser investigada y sancionada por las autoridades competentes”.