“Aquí no importa que un alcalde haya sido elegido por los ciudadanos, que un Concejo haya aprobado la obra, no importa que los estudios y diseños se hayan hecho por dos de las firmas más importantes de ingeniería y diseño que hay en Colombia, no importa que se hayan invertido 29.000 millones de pesos en estos estudios… Aquí lo que importa es lo que piensa un juez que frena este proyecto crucial para la movilidad de la ciudad y sin ningún sustento técnico ni legal”, enfatizó el alcalde Enrique Peñalosa.
El alcalde reiteró que con decisiones como estas se está condenando a medio millón de personas que ya no podrán ahorrarse una hora y media en sus tiempos de desplazamiento cada día.
“Se dejan de generar más de 20.000 empleos, los bogotanos perderían más de 500.000 millones de pesos, es decir, lo que costaría construir 25 colegios. Esto es lo que se ha invertido en predios, diseños y lo que costarían las demandas de los proponentes por el costo que implicó para ellos la presentación de sus propuestas”, sostuvo el mandatario de la ciudad.
Así mismo, enfatizó que, si prosperan decisiones como la del juez en Colombia, no hay Estado de Derecho, porque cualquier juez puede para proyectos en cualquier sitio de Colombia cuando él lo quiera, sin ninguna consecuencia.
“Ahora resulta que un juez sabe más sobre el diseño de un puente que las firmas más importantes de ingeniera en el país, dice cosas tan poco serias técnicamente como argumentar que los estudios de suelo que se hicieron no sirven, usar Google Earth y no los planos de Catastro o del mismo proyecto, y desconocer la experiencia que tienen estas firmas y los estudios sólidos que tiene este proyecto”, manifestó Peñalosa.
El mandatario señaló que TransMilenio por la Séptima no es un capricho de la Alcaldía, o de un alcalde, sino que es un proyecto necesario para este corredor, ya que no hay ninguna otra solución viable para desembotellar esta vía en los próximos 40 años.
“Nosotros acudiremos a todas las instancias que nos permite la Constitución, porque debe prevalecer el interés general. El uso de la justicia con fines políticos está afectando el interés general de la ciudadanía, este no es un proyecto del alcalde, sino de cientos de ciudadanos que se van a beneficiar”, concluyó.
Por su parte, el IDU afirmó que es respetuoso de los fallos judiciales, acatará la medida cautelar, pero expresa una seria y honda preocupación por el uso de criterios técnicos de forma equivocada.
“A todas luces, es contradictorio que en su fallo el juez reconozca que el edificio Altos de la Cabrera se construyó invadiendo la zona de reserva vial, dejando un andén de apenas 60 centímetros; pero ahora, que la Alcaldía de Bogotá busca ampliar ese andén entre 1.75 y 2.40 metros, se favorezca al privado diciendo que la ciudad ya no puede hacer la construcción porque el espacio se redujo producto de la invasión de Altos de la Cabrera”, explicó el IDU.
También argumenta el juez que entre el edificio Altos de la Cabrera y el edificio de enfrente hay solo un espacio de 17 metros, cuando, a consideración del juzgado, debería ser de 28 metros. Sin embargo, nuevamente el juez desconoce que esa diferencia corresponde, precisamente, a que el edificio se construyó invadiendo la zona de reserva, desconociendo el POT del 2004 y un decreto del 2010.
