–La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la ONU Derechos Humanos advierten con preocupación que Colombia se mantiene como uno de los países con más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales registrados en el continente.

Entre el 1 de enero y el 30 de abril, la ONU Derechos Humanos recibió 51 quejas sobre asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en el país, de los cuales al menos 21 han sido verificados por ONU Derechos Humanos como asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos (3 mujeres y 18 hombres).

El mes de enero de 2019 estuvo marcado por varios ataques y asesinatos de personas que defienden los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. Por ejemplo, en enero de 2019 se registró el asesinato de Maritza Quiroz Leiva, reclamante de tierras y lideresa de mujeres afrodescendientes víctimas de desplazamiento en Santa Marta, Colombia, a causa de disparos que le habrían propinado hombres desconocidos.

El 11 de enero, la Sra. Alfamir Castillo Bermúdez, una defensora y madre de una víctima de una ejecución extrajudicial, fue atacada en el Valle del Cauca, también en Colombia, cuando varios disparos impactaron el vehículo en el cual se movilizaba.

El día siguiente, el 12 de enero, se desarrolló un intento de allanamiento en la oficina de Bogotá de la Fundación Erika Nydia Bautista (ONG). Tanto la Sra. Alfamir como la Fundación, acompañan y apoyan a víctimas, en casos de graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Por otra parte, la ONU Derechos Humanos sigue observando que el grupo de defensores y defensoras comunitarias y comunales continúan siendo el grupo de defensores en más alto riesgo en Colombia y representan la mayoría de las víctimas mortales, hasta la fecha.

Asimismo, se registraron otras situaciones de ataques y asesinatos en otras partes del país. Cabe resaltar que el 4 de abril, la CIDH y la ONU Derechos Humanos en Colombia hicieron un llamado conjunto en el marco de la MINGA señalando la importancia del diálogo para la atención a las demandas sociales como única salida que contiene la violencia. Asimismo, destacaron que el enfoque de derechos humanos siempre allana el camino hacia el fortalecimiento de las democracias y el Estado de Derecho.

EN OTROS PAÍSES

En el marco del Mecanismo de Acciones Conjuntas para contribuir a la protección de personas defensoras de derechos humanos en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) expresan su preocupación por la continuidad de actos de violencia e intimidación que han enfrentado quienes defienden los derechos humanos en las Américas en los primeros cuatro meses del año.

La CIDH y las Oficinas del Alto Comisionado advierten que la región americana continúa siendo una de las más peligrosas para ejercer la labor de defensa de derechos humanos en el mundo. Varios países del continente lideran las cifras mundiales de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, quienes además enfrentan amenazas, ataques, hostigamientos, actos de intimidación, campañas de estigmatización y desprestigio así como procesos de criminalización por su legítima labor de defensa. Entre las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales que han sido asesinados se encuentran beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y personas que recibían protección por parte de autoridades nacionales.

La CIDH y la ONU Derechos Humanos expresan su preocupación por el aumento de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos en México durante los primeros cuatro meses del año, en comparación con años anteriores. De acuerdo con información al alcance de ambos organismos, al menos 10 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas durante este periodo, 9 hombres y una mujer, una cifra cercana a los al menos 13 casos documentados durante todo el año 2018, lo cual supone un significativo aumento de la violencia. Preocupa especialmente que 8 de las personas defensoras asesinadas sean indígenas.

Así el 3 de enero se produjo en Arriaga, Chiapas, el asesinato del defensor de derechos humanos Sinar Corzo quien formaba parte del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos “El Coloso de Piedra” y que en 2013 fue víctima de detención arbitraria en el marco de su participación en actividades de defensa del derecho al agua. El 17 de enero fueron víctimas de desaparición los defensores de derechos humanos Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez cuando participaban en un plantón frente al Palacio Municipal de Amatán, Chiapas, y sus cuerpos sin vida fueron localizados el 18 de enero. Noé Jiménez era beneficiario del Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El 9 de febrero fue asesinado Óscar Cazorla, activista por los derechos de las personas LGBTI y defensor de la comunidad muxe, en su domicilio en Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca. El 20 de febrero Samir Flores, defensor indígena de la tierra y el territorio frente a megaproyectos y comunicador comunitario fue asesinado en su casa de Amilcingo, Morelos. Además, el 30 de marzo se reportó el asesinato de Abiram Hernández Fernández, activista y defensor de derechos humanos en el estado de Veracruz, quien habría sido agredido en su domicilio.

Por otra parte, la CIDH y la ONU Derechos Humanos expresaron su preocupación por la desaparición en México de los defensores de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, quienes estuvieron desaparecidos desde el 12 de febrero hasta el 19 de febrero de 2019, hasta que fueron liberados por sus captores tras una intensa campaña de búsqueda. Otilia e Hilario se dirigían en transporte público desde Tierra Colorada a Chilpancingo, en el estado de Guerrero, cuando fueron privados de su libertad. Obtilia Eugenio Manuel fue beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y es beneficiaria de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2009.

Asimismo, la CIDH y la ONU Derechos Humanos observan con preocupación los homicidios de personas defensoras registrados en otros países como Honduras, Brasil, Costa Rica, Perú y Guatemala. Por ejemplo, en Honduras, la CIDH y la ONU Derechos Humanos condenaron el asesinato de Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute en febrero de 2019, ambos indígenas tolupanes integrantes de la tribu San Francisco Locomapa y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en el departamento de Yoro. Salomón Matute era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 2013, debido a las amenazas, hostigamientos y actos de violencia en el marco de su labor como defensor del medio ambiente y pueblos indígenas. En Brasil, se reportaron los homicidios en marzo de 2019 de Dilma Ferreira Silva, coordinadora de Tucuruí del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB), su esposo, Claudionor Costa da Silva, y un amigo, Milton Lopes en el municipio de Baião, en el estado de Pará. Dilma Ferreira Silva era una destacada defensora y reconocida lideresa que luchó por los derechos de las personas afectadas por la presa hidroeléctrica de Tucuruí. Adicionalmente, se registró la muerte de la activista ambiental, Rosane Santiago, torturada y asesinada, en la ciudad de Nova Viçosa, el Estado de Bahia, el 29 de enero.

En el mismo mes, la CIDH repudió el asesinato de Sergio Rojas, líder indígena bribri, en Salitre, Costa Rica. Sergio Rojas, como miembro del pueblo indígena Bribri de Salitre, era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 2015. En Perú, en abril de 2019, según información pública, Cristian Java Ríos, indígena urarina de la comunidad nativa La Petrolera y defensor del medio ambiente, fue asesinado por invasores de sus tierras y varias personas de la comunidad que lo acompañaban resultaron heridas. En Guatemala, en enero de 2019 fue asesinado en el departamento de Jalapa, Delfino Agustín Vidal, miembro de la organización campesina CODECA, un acto que podría tener posibles motivos políticos.

En relación con casos de hostigamiento y amenazas, la CIDH y la ONU Derechos Humanos han documentado que las personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua a raíz de la persistente crisis social y política iniciada por las protestas masivas en abril de 2018, continúan siendo víctimas de actos de intimidación, amenazas y estigmatización en los medios sociales, al igual que de hostigamientos como allanamientos, asedios en sus domicilios, y el despliegue de agentes policiales y personas de civil en inmediaciones de sus oficinas. El 7 de febrero de 2019, las oficinas de la Red Nicaragüense para la Democracia y Desarrollo, una coalición de 22 organizaciones que trabajan en todo el país, fueron objeto de una redada solo seis días después de que un grupo de representantes de la sociedad civil nicaragüense, incluidos algunos miembros de la Red, compartieran sus preocupaciones sobre la restricción del espacio cívico con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra.

En febrero de 2019, en Venezuela, la CIDH expresó su preocupación por el continuo hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos, incluidas amenazas y señalamientos en contra del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), de PROVEA, del Foro Penal y de personas defensoras pertenecientes a dichas organizaciones. Por su parte, en Colombia, la CIDH fue informada sobre un incremento de las amenazas respecto del año anterior. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, se habría duplicado dicho registro respecto del mismo periodo en 2018.

En Brasil, el 18 de enero, la Comisión se pronunció sobre los hechos de violencia cometidos en contra de trabajadores rurales en la Hacienda Agropecuaria Bauru, municipio de Colniza del Estado de Mato Grosso, Brasil. Asimismo, el 8 de marzo de 2019 la CIDH otorgó medidas cautelares en favor del Julio Lancellotti, defensor de derechos humanos de personas en situación de calle y responsable por la “Pastoral del Pueblo de Calle” en São Paulo, debido a que fue víctima de diversos actos de violencia y amenazas, incluso por parte de autoridades de la fuerza pública. Asimismo, en enero de 2019, el diputado federal Jean Wyllys anunció el abandono de su cargo y salida del país debido al nivel a las amenazas de muerte contra él y su familia.

En materia de criminalización, la ONU Derechos Humanos y la CIDH han expresado reiteradamente su preocupación por la situación de criminalización que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en Guatemala, particularmente de campesinos e indígenas que defienden el derecho a la tierra y al territorio de sus comunidades. El 26 de abril de 2019 el Tribunal de Mayor Riesgo absolvió de todos los cargos al defensor maya q’eqchí Abelino Chub Caal. Este permaneció más de dos años en prisión preventiva acusado de delitos relacionados con el reclamo de tierras ancestrales y protestas en contra de las actividades de empresas agroindustriales. Anteriormente, la CIDH y la ONU Derechos Humanos expresaron su preocupación por la criminalización de este defensor. Asimismo, la CIDH y la ONU Derechos Humanos recibieron información sobre la denuncia presentada por la Corte Suprema de Justicia en contra de Claudia Samayoa, presidenta de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA), y de José Manuel Martínez, integrante del Colectivo JusticiaYa, por hechos relacionados con su participación en una demanda judicial presentada por ambos en enero de 2019 en contra de 11 jueces de dicha Corte guatemalteca.

En Venezuela, en marzo de 2019, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvo al defensor de derechos humanos y periodista, Luis Carlos Díaz, bajo acusaciones de conspiración para provocar el apagón que afectó al país. El mismo día, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó su liberación. Después de 24 horas, Luis Carlos Díaz fue puesto en libertad condicional. Él y la también periodista y defensora de derechos humanos Naky Soto, enfrentan en libertad un proceso penal en su contra por tales acusaciones. El 5 de abril de 2019, la CIDH expresó su preocupación por el hostigamiento judicial en contra de personas defensoras de derechos humanos. Al respecto, señaló que ha observado nuevamente una intensificación en el patrón de hostigamiento a raíz de declaraciones estigmatizantes por parte de autoridades del Estado y que de acuerdo con información presentada, en las últimas semanas al menos 5 de las personas que habían sido señaladas previamente en los programas de televisión han resultado detenidas, sin orden judicial.

La Comisión y la ONU Derechos Humanos recuerdan que es obligación de los Estados investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Ambos organismos instan a los Estados a agotar todas las líneas de investigación relevantes para esclarecer estos hechos, incluyendo la posible vinculación entre los asesinatos, desapariciones y otras agresiones y la labor de defensa de los derechos humanos. Dichas investigaciones deben ser conducidas con debida diligencia, de manera exhaustiva, seria e imparcial. Asimismo, la ONU Derechos Humanos y la Comisión recuerdan que en el caso de mujeres defensoras de derechos humanos y grupos en situación de especial vulnerabilidad, los Estados deben tomar debidamente en cuenta que al riesgo inherente que encierra su labor, se suma el contexto de discriminación por género o pertenencia a grupos históricamente discriminados y adoptar medidas de protección y realizar investigaciones con plena incorporación de la perspectiva de género e intercultural. Los Estados deben adoptar medidas razonables para prevenir actos de violencia contra personas de estos grupos y remediar el contexto de discriminación que promueve su repetición.