Homicidios de líderes sociales se han reducido el 32% en Colombia: Consejero para los Derechos Humanos
En un informe sobre el fenómeno de los asesinatos de líderes sociales en el país, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, destacó que en el 95 por ciento del territorio nacional no se registra este tipo de crímenes.
Así mismo, resaltó que la disminución de las cifras de asesinatos es el resultado de la combinación de programas y tareas como los Talleres Construyendo País, el Plan de Acción Oportuna (PAO), inversión social en los territorios, las Zonas de Intervención Integral, entre otros.
Sobre los factores de riesgo que tienen influencia en los asesinatos de líderes sociales, el Consejero relacionó a los cultivos ilícitos, la minería ilegal y los grupos armados organizados ilegales en el territorio.
El Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa Delgado, le reveló este miércoles al país que los índices de homicidios de líderes sociales han registrado una disminución del 32 por ciento durante el Gobierno del Presidente Iván Duque, según un cotejo realizado con datos de Naciones Unidas, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.
La cifra dada a conocer por el Consejero tiene su origen en el comparativo de los 88 asesinatos de líderes sociales ocurridos entre el 7 de agosto de 2017 y el 25 de mayo de 2018, en el gobierno anterior, con los 60 homicidios registrados del 7 de agosto de 2018 y el 25 de mayo de 2019, en el periodo de Gobierno del Presidente Duque.
Así mismo, el alto funcionario indicó que, de acuerdo con los casos verificados por Naciones Unidas, desde el 2016 hasta mayo de 2019, ocurrieron 281 homicidios de líderes sociales en el país, de los cuales, 60 sucedieron durante esta Administración, es decir, que 221 fueron perpetrados durante el anterior gobierno.
Sobre la reducción de las cifras de asesinatos de líderes sociales en este Gobierno, el Consejero Barbosa resaltó que es el resultado de “la labor que estamos haciendo en el territorio, con los Talleres Construyendo País, el Plan de Acción Oportuna (PAO), liderado por la Ministra del Interior (Nancy Patricia Gutiérrez)”.
Subrayó que la disminución de las cifras también tiene relación con “todos los avances que se están teniendo en la región, la inversión social, las Zonas de Intervención, que además se aprobaron en la prórroga de la ley de orden público, y el movimiento que estamos haciendo, en mi cabeza, como Consejero Presidencial de Derechos Humanos”.
Además, destacó que, según los estudios realizados al fenómeno, en el 95 por ciento del territorio nacional no se ha registrado casos de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo que significa que en solo 45 de los 1.051 municipios del país se han registrado homicidios de líderes sociales.
Barbosa hizo énfasis en que al realizar una comparación entre la tasa global de homicidios en el país con la tasa de líderes asesinados por cada 100.000 habitantes, arroja 0,02 homicidios de líderes en el 2019.
“Creo que es importante hacer, también, este tipo de reflexiones para efecto de poderle mostrar al país y al mundo lo que está ocurriendo, frente a los crímenes de líderes sociales”, dijo el Consejero, y agregó que “son cifras que nos duelen y que es necesario combatir para tratar de reducirlas al mínimo nivel”.
Sobre los factores de riesgo que rodean los homicidios de líderes sociales, informó que hay relación de yacimientos mineros ilícitos, grupos armados organizados ilegales y la dinámica criminal alrededor de los cultivos ilícitos.
“Tenemos tres factores de riesgo: cultivos ilícitos, narcotráfico, atado a minería ilegal, y por supuesto, grupos armados. Son los tres factores que nos están golpeando entre el 4 y el 5 por ciento del territorio colombiano”, señaló el Consejero.
Con respecto al reto de reducir la cifra del 32 por ciento, Barbosa aseveró que el Gobierno incrementará sus acciones y presencia en los territorios, no solo con aumento en el pie de fuerza, sino también “con servicios públicos, con provisión de bienes públicos, como salud, educación y servicios sociales”.