Resulta totalmente inaceptable que se pretenda hacer creer al Gobierno y al país, que el hundimiento del Proyecto de Ley contra la corrupción en el Congreso de la República, ha sido una mera cuestión de tiempos.

El país exige una lucha efectiva contra este flagelo, solo los fallos de responsabilidad fiscal de la Contraloría, arrojan una cifra inicial de 3,4 billones que se fueron a bolsillos de los corruptos y demuestran que el vergonzoso detrimento patrimonial es una vena rota que no para de sangrar.

Resulta inaceptable que en este final de legislatura el argumento de “el trámite” sirva de pretexto, no solo para hundir el proyecto originado en la Fiscalía, sino también el de Probidad Administrativa que trabajamos con la Procuraduría General y varios de los proyectos que resultaron de las mesas técnicas de la Consulta Anticorrupción.

En el Gobierno del Presidente Iván Duque estamos comprometidos en construir un Estado transparente, que repudie los hechos de corrupción y a los corruptos, que incorpore una educación por la integridad, el respeto a lo ajeno y la legalidad. Sabemos que el camino es difícil pues infortunadamente se han venido consolidando una serie de prácticas opacas y corruptas, no solo en el ejercicio de la política sino en algunos sectores de la actividad privada y en la sociedad.

La prevención es el pilar fundamental en la lucha contra la corrupción y por ello requerimos una ciudadanía empoderada y activa que ejerza veedurías y promueva la sanción social. Cuando se afirma que Colombia es un país corrupto se espanta la inversión y se genera un daño moral irreparable a casi 50 millones de colombianos. Exigiremos que se debatan en el Congreso nuevamente las medidas que planteaban esos proyectos, tales como frenar de manera preventiva las contrataciones cuando existan alertas suficientes; crear una red de prevención y un mejor seguimiento al dinero que nos lleve hacia los corruptos; mejorar la capacidad institucional para investigar y reaccionar drásticamente en los casos de corrupción; endurecer las penas y acabar con la sinvergüencería de la casa por cárcel.

El Gobierno Nacional presentará un nuevo paquete normativo a partir del 20 de julio que recoja los elementos más importantes de los proyectos que se han caído e incorpore elementos como: beneficiarios reales; facultad no solo en cabeza de la Fiscalía sino de la Contraloría y Procuraduría de ejercer extinción de dominio por iniciativa propia o a solicitud de la Secretaría de Transparencia; recompensas y protección a quienes informen sobre los mismos.

Por eso hacemos un llamado de URGENCIA a los presidentes y a los Partidos Políticos, voceros de la Consulta Anticorrupción, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, y a cada uno de los congresistas de Senado y Camara, para que hagamos un frente común y presentemos un nuevo proyecto de ley, robusto con mensaje de urgencia, e insistir hasta el último día en sacarlo adelante. Debemos entender que la lucha contra la corrupción no puede ser un simple anhelo sino que debemos trabajar todos los días en cumplir con este mandato ciudadano y entender el riesgo que la corrupción le plantea a la sostenibilidad de esta democracia.

Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta de la República