–La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos señaló estar “consternada” al recibir la noticia del fallecimiento de alrededor de cuarenta migrantes y refugiados y unos setenta heridos en la localidad libia de Tajura, a consecuencia de un bombardeo aéreo a un centro de detención.

“El hecho de que las coordenadas de este centro de detención y el conocimiento de que albergaba a civiles fueran comunicadas a las partes en el conflicto indica que este ataque puede, dependiendo de las circunstancias, constituir un crimen de guerra”, señaló.

Michelle Bachelet destacó que el bombardeo este martes al Centro de Detención de Tajoura, que da refugio a unas seiscientas personas, es el segundo desde que se reiniciarían las hostilidades en el país árabe a inicios del mes de abril.

La Alta Comisionada instó a todas las partes en conflicto a cumplir con las obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y que tomen todas las medidas posibles para proteger a los civiles y la infraestructura civil, incluidas las escuelas, los hospitales y los centros de detención.

“Los principios de distinción, proporcionalidad y precaución deben respetarse plenamente en todo momento”, destacó.

Asimismo, recordó su petición previa donde pedía el cierre de todos los centros de detención de migrantes en Libia, en los que el personal de derechos humanos de las Naciones Unidas documentó graves casos de hacinamiento, tortura, malos tratos, trabajos forzados, violaciones y desnutrición, entre otras graves violaciones de las garantías fundamentales.

La necesidad de abrir una investigación
Por su parte, la Agencia de las ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones condenaron enérgicamente el bombardeo aéreo, calificaron de “terrible” el número de víctimas, mostraron su preocupación por la seguridad de las personas retenidas en los centros de detención y pidieron que finalice “de inmediato” la detención de migrantes y refugiados.

Dada la gravedad del suceso consideran que amerita la apertura de una investigación “minuciosa e independiente” que sirva para esclarecer las circunstancias de cómo pudo ocurrir, quiénes son los responsables, y que rindan cuentas ante la justicia.

Tanto ACNUR como la OIM cifraron en 3300 el número de migrantes y refugiados detenidos arbitrariamente en la capital del país, Trípoli, o sus alrededores. La reanudación de los enfrentamientos provoca que estas personas se enfrenten a riesgos cada vez mayores y consideran que la medida que se debería tomar es el cierre de los centros de detención.

El Secretario General de la ONU se unió a las voces que reclaman esa investigación y mostró su indignación por el bombardeo. António Guterres expresó, además, sus más profundas condolencias a las familias de las víctimas y desea una rápida recuperación para los heridos.

A través de su portavoz, el titular de la ONU recordó a todas las partes sus obligaciones conforme al derecho internacional humanitario de tomar todas las precauciones posibles para evitar, y en todo caso minimizar, la pérdida incidental de vidas civiles, lesiones a civiles y daños a objetos civiles, y abstenerse de dirigir ataques contra civiles.

“Este incidente subraya la urgencia de proporcionar a todos los refugiados y migrantes un refugio seguro hasta que sus solicitudes de asilo puedan procesarse o puedan repatriarse de manera segura”, afirma Guterres.

El portavoz señaló que el Secretario General reitera su llamamiento a un alto el fuego inmediato en Libia y un retorno al diálogo político.

El conflicto en la capital libia y su periferia ha obligado a casi 100.000 libios a abandonar sus hogares. La Agencia de la ONU para los Refugiados, junto a otros socios, ha trasladado a más de 1500 refugiados de los centros de detención cercanos al lugar de combate a zonas más seguras.

Por otra parte, las operaciones de retorno voluntario humanitario de la Organización Internacional para Ias Migraciones contribuyeron al regreso de más de 5000 personas vulnerables a sus 30 países de origen en África y Asia.

La batalla por el dominio de Trípoli estalló el pasado 4 de abril, cuando el general Hafter, quien controla el este del país, ordenó la conquista de la capital, sede del Gobierno reconocido por las Naciones Unidas.