Esta jueves la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció la proporción «sorprendentemente elevada» de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad en Venezuela.

En su informe, tras la visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resalta que «los grupos armados civiles progubernamentales, los colectivos, han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones».

La alta responsable de la ONU pide en sus conclusiones la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que les atribuye en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por «resistencia a la autoridad», durante operaciones policiales en 2018.

«Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores» resalta Bachelet. Además hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad.

Ante estos abusos, «son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial», subraya el informe, que destaca que «quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a constantes obstáculos».

Venezuela atraviesa desde hace meses una profunda crisis política, con el pulso entre Nicolás Maduro y el opositor y autodeclarado presidente interino Juan Guaidó. El país vive además una grave crisis económica, agravado por un embargo petrolero y sanciones financieras impuestas por Estados Unidos para intentar sacar del poder a Maduro.

«El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas» explica la Comisionada.

La situación es «compleja», admite Bachelet, que pudo entrevistarse con los principales protagonistas de la crisis y con damnificados.

«Este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas», expone Bachelet.

Entre tanto, el canciller del gobierno de Maduro, Jorge Arreaza, compartió un comunicado de rechazo al informe de Bachelet. Consideró que allí hay «acusaciones injerencistas levantadas en contra en relación con el respeto a los derechos humanos, especialmente desde el Gobierno de EE.UU., que ha cometido innumerables faltas a la dignidad humana en el mundo entero».

El informe recuerda que la Alta Comisionada ha pedido la creación de una oficina permanente en el país sudamericano.

También detecta un deterioro de la libertad de expresión, con un intento por parte del Gobierno de «imponer su propia versión de los hechos y crear un ambiente que restringe a los medios de comunicación independientes».

«Exhorto a todas las personas con poder e influencia, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo», concluye Bachelet en el comunicado de presentación del informe.