La guerra contra las drogas continúa desangrando a Filipinas con total impunidad, con una media de 27 ejecuciones extrajudiciales al día y miles de “daños colaterales”, que incluyen la muerte de un centenar de menores atrapados, por lo que el país se podría enfrentar a una investigación de la ONU.

Con más de 27.000 asesinatos en tres años -aunque la policía solo admite 6.600 muertos en operaciones antidroga-, todavía no ha habido “una rendición de cuentas significativa” por parte de funcionarios del gobierno, denunció hoy Amnistía Internacional (AI) en su último informe sobre los abusos de esta letal campaña.

“La guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte sigue como una empresa de matar a gran escala”, indicó el director regional de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático, Nicholas Bequelin, en una videoconferencia en Manila.

El nuevo informe de AI advierte sobre posibles crímenes de lesa humanidad y documenta decenas de ejecuciones extrajudiciales, que son el “modus operandi” generalizado en las redadas antidroga, en las que “la policía mata impunemente a los más pobres”.

“Las víctimas a menudo figuran en listas fabricadas con los nombres de sospechosos vinculados a las drogas, que en la práctica son listas de personas a las que matar, al margen de cualquier procedimiento legal”, apuntan.

El representante de AI en Filipinas, Butch Olano, señaló que el 78 % de los filipinos confesó tener miedo de convertirse en una víctima de las ejecuciones extrajudiciales, mientras que el 67 % opina que la policía es la responsable, según una encuesta reciente que refleja el “clima de miedo, agonía emocional, miseria y pérdida de esperanza” que reina en el país.

Según AI, el campo de batalla de la guerra contra las drogas se ha trasladado de Manila a la provincia de Bulacan -a unos 50 kilómetros al norte de la capital- donde solo en 2018 se registraron más de 500 asesinatos, en silencio y lejos del foco mediático.

La escalada de asesinatos en la provincia coincide con el nombramiento en abril de 2018 del superintendente Chito Bersaluna como jefe provincial de la Policía en Bulacan, después de dirigir el cuerpo en el distrito de Caloocan, al norte de Manila, donde los primeros meses de la campaña fueron especialmente sangrientos.

Bajo su mando en Caloocan se produjo en agosto de 2017 el asesinato a sangre fría de Kian de los Santos, con 17 años, cometido por tres agentes condenados un año después a 40 años de prisión, la única condena sobre los abusos de la campaña en tres años.

El caso de Kian causó una fuerte conmoción popular -todo el país vio su asesinato porque quedó grabado por cámaras de seguridad-, similar a lo que está ocurriendo con el homicidio de Kateleen Myca Ulpina, con tan solo tres años, el pasado 29 de junio en la provincia de Rizal, en un operativo que iba dirigido a su padre.

La versión policial sostiene que Myca fue utilizada como escudo humano por su padre, que también murió en el operativo, aunque la madre lo niega y asegura que toda la familia dormía cuando la policía irrumpió en la casa, sin ninguna orden de arresto.

“Esas mierdas pasan”, fue la respuesta del senador Roland “Bato” dela Rosa, exdirector de la Policía Nacional y arquitecto de la guerra contra las drogas, a la muerte de la pequeña, considerada un “daño colateral” de la campaña.

Precisamente “Daños Colaterales” es el título de un informe publicado por Human Rights Watch hace dos semanas, sobre el impacto psicológico, emocional y económico de la guerra antinarcóticos en los menores.

“No sólo Myka o Kian son daños colaterales. Más de un centenar de niños han muerto en el fuego cruzado y miles han quedado huérfanos, algunos incluso viviendo en las calles”, indicó el representante de HRW en Filipinas, Carlos Conde.

Tanto AI como HRW han instado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a abrir una investigación “independiente e imparcial” sobre las violaciones de derechos en Filipinas, como establece una propuesta de resolución presentada por Islandia ante esa sede.

Está previsto que los 47 miembros del Consejo, reunido estos días en Ginebra, voten a finales de esta semana esa resolución que al menos 28 países se han comprometido a respaldar.

Desde la administración, Duterte ya han advertido de que no van a permitir que ningún representante de la ONU entre en Filipinas y que cualquier investigación será considerada “una intromisión en los asuntos internos del país”.