Condenan a 12 años de cárcel a Francisco Valencia exesposo de alcaldesa de Armenia por corrupción
Valencia fue condenado por los delitos de peculado por apropiación en concurso con concierto para delinquir. La decisión fue apelada por su abogado.
En abril de 2018 fue detenida la exalcaldesa Luz Piedad Valencia acusada de haberse quedado con $12 mil millones de pesos, además de supuestamente, recibir dádivas para direccionar contratos de obra.
El Juzgado 2° Penal Municipal de control de garantías de Armenia (Quindío) también envió a la cárcel a Francisco Javier Valencia Salazar, exesposo de la exmandataria; Aura María Zapata Saldarriaga, Sebastián Congote Posada y Ricardo Arturo Ramírez Londoño.
Entre marzo y abril de 2018, la Fiscalía logró la captura y judicialización de otras 13 personas (entre funcionarios, intermediarios y contratistas) vinculadas a las investigaciones por el presunto direccionamiento irregular de los planes de desarrollo vial de Armenia a un grupo específico de constructores.
En las indagaciones, la Fiscalía constató que la exalcaldesa, Luz Piedad Valencia Franco (2012-2015), obtuvo del concejo municipal aprobación para realizar cobros de valorización y así financiar obras como puentes y vías, entre otras. Asimismo, la entonces mandataria expidió un acuerdo con el que facultó a las distintas secretarías del despacho para realizar contrataciones directas o procesos contractuales con absoluta independencia.
Ese aparentemente marco administrativo y legal habría servido para que el constructor Fernando Díez Cardona y Francisco Javier Valencia Salazar, exesposo de la exalcaldesa, pactaran que toda la contratación de las obras por valorización en Armenia, que ascendía a $111.262’735.728, quedara en manos de dos uniones temporales, en las que figuraban las empresas de Díez Cardona y algunos de sus socios.
El acuerdo presuntamente se pactó con una entrega inicial de $300’000.000 y el pago de dádivas que correspondían al 10% del valor total de los contratos, cerca de $12.000’000.000 desembolsados en efectivo, que supuestamente salieron de los anticipos reconocidos a los constructores.
Adicionalmente, las indagaciones pusieron al descubierto que todos los contratos fueron formalizados sin que mediaran los diseños previos, los cuales fueron realizados posteriormente por los constructores de las obra. Igual situación habría ocurrido con las interventorías, que quedaron en manos de empresas conformadas por los contratistas.
Por los actos de corrupción ya habían sido condenados Sebastián Congote, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia -EDUA-, y Aura María Saldarriaga, exfuncionaria de la misma entidad, sentenciados a seis años y medio y cuatro años y medio de prisión, respectivamente.
Estos dos exfuncionarios reconocieron que suscribieron contratos interadministrativos a sabiendas de que la EDUA no tenía la idoneidad para ello. De otra parte, Aura María Saldarriaga fue condena por peculado por apropiación y concierto para delinquir.
Igualmente fue condenado a 14 meses de prisión Fernando León Diez Cardona, uno de los contratistas beneficiados con la adjudicación irregular de las obras de valorización en Armenia en 2014.
