–La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, anunció que admitió al exsenador Álvaro Ahston Giraldo por los delitos relacionados con el conflicto armado, a cambio de su compromiso con aportar verdad y resarcir a las víctimas.

Ashton Giraldo era investigado en la Corte Suprema de Justicia por vínculos con la parapolítica, el caso Odebrecht y el cartel de la toga.

En mayo de 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas había rechazado la solicitud de sometimiento del compareciente a la Jurisdicción. Pero en agosto de ese año la Sección de Apelación revocó la decisión y dijo que este podía ser admitido, si se sometía a un estricto régimen de condicionalidad.

En octubre de 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ordenó la suscripción del acta de compromiso de sometimiento a la JEP del compareciente y una ampliación de su propuesta clara, programada y concreta de aporte a la verdad plena, la justicia, la reparación y no repetición.

Ashton Giraldo presentó una propuesta, que fue aceptada por la Sala, en la que se compromete a aportar verdad en relación con todos los hechos que le constan relacionados con los procesos adelantados en su contra por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y estos serían:

Las dinámicas del fenómeno de la parapolítica en los municipios de Soledad, Malambo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz, Suan, Santa Lucía, Candelaria, Repelón, Luruaco, Sabanalarga, Baranoa, Usiacurí, Polonuevo, Galapa y Barranquilla, en Atlántico, y Sitio Nuevo, en Magdalena. Y la forma en la que obtuvo la votación cuando fue elegido senador en el año 2006.

La llegada de Fabián Ashton, sobrino del solicitante, como empleado el Hospital Materno Infantil de Soledad, Atlántico, entidad estatal cooptada por el Frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los años 2004 y 2006.

El papel del exsenador en las discusiones y aprobación de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) en el Congreso de la República.

Las presuntas extorsiones de las que fue víctima el solicitante por parte de exmiembros de las AUC, quienes, al parecer, le pidieron dinero con el fin de no denunciar sus nexos con las autodefensas.

Los servicios que presuntamente contrató con el abogado Gustavo Moreno Rivera y las propuestas que este supuestamente le hizo a Ashton Giraldo.

El exsenador Ashton Giraldo también se comprometió a esclarecer los siguientes hechos:
La reunión que sostuvo con Carlos Mario García Ávila, alias “Gonzalo o El Médico”, comandante político del frente “José Pablo Díaz”, sobre la que el solicitante acepta su participación y compromiso para esclarecer quiénes más asistieron y qué temas se trataron.

Su relación con el abogado y exfiscal Gustavo Moreno Rivera y su versión sobre los hechos presuntamente constitutivos del delito de cohecho por el que se le procesa.

De manera general, se comprometió a ayudar a esclarecer la relación de las AUC con agentes estatales no integrantes de la fuerza pública.

Programas de reparación

Entre los programas de reparación en los que se compromete Ashton están:

Ofrece su voluntad de proveer brigadas de salud compuestas por psiquiatras y psicólogos para atención a víctimas, por un valor de 14 millones de pesos, enfocado de manera especial en los municipios de Soledad, Atlántico, y Sitio Nuevo, Magdalena.
Suministrar becas en la Corporación Universitaria Empresarial en Educación y Salud CORSALUD, de la que aduce que es miembro fundador, en diferentes programas de nivel técnico, tecnológico y universitario en áreas como mercadeo, seguridad ocupacional, contaduría, computación y sistemas, entre otros. El compareciente estableció que destinará ciento ochenta y ocho millones quinientos mil pesos ($188.500.000) a otorgar ochenta y seis (86) becas a víctimas del conflicto.
Ashton planteó la creación de una fundación para la no repetición que permita la reintegración de víctimas y victimarios en la zona de influencia del Hospital Materno Infantil de Soledad, que el mismo financiará en sus dos primeros años de funcionamiento. Esta fundación estaría enfocada a que no se repitan detrimentos patrimoniales en dicha entidad estatal, que no haya deterioro de sus instalaciones, ni fallas en la prestación de servicios de salud.
La concesión de otros beneficios penales especiales, tales como la libertad transitoria, condicionada y anticipada, se podrán dar a medida de los cumplimientos de los compromisos adquiridos por el compareciente en virtud del régimen de condicionalidad al que está sometido.