Condenan a la nación por ataque del Ejército a civiles en el Caquetá
La decisión de la Sala Segunda del Contencioso Administrativo del Caquetá al resolver una demanda que interpusieron los familiares de las víctimas.
El ataque con armas de fuego y explosivos se presentó cuando estas personas, entre las que se encontraban seis menores de edad, se movilizaban en una camioneta de estacas entre las veredas Floresta y El Rosal.
En resumen, los hechos se circunscriben a que el día 9 de mayo de 2011, Emiro Fajardo Cerquera y otras personas más, fueron atacados de forma indiscriminada por parte una patrulla del Ejército Nacional, con ocasión de lo cual resultaron varios heridos, y murió el señor Jefferson Cárdenas. Se indicó que, no cabía duda sobre la responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública, considerando que luego de haberle hecho más de 112 disparos al automotor, se dirigieron a donde se resguardaban los heridos, a pedir disculpas por que habían cometido un error.
Para el Tribunal, es claro que los miembros del Ejército Nacional debieron, por lo menos, mostrar una señal de alto para detener la marcha del vehículo en el que se movilizaban y esperar a identificar plenamente si se trataba de un objetivo militar.
La sentencia señala que la utilización de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional y “el uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse a detenerse al presunto delincuente aplicando medidas extremas.”
Finalmente, el Tribunal explicó que se evidencia una multiplicidad de disparos en la camioneta en la que se desplazaban las víctimas, confirmándose que hubo un uso desmedido de la fuerza por parte de los militares. Ante los hechos, la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional deberán pagar 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes como reparación a los perjuicios morales causados a los familiares de las víctimas que interpusieron la demanda.
