El Concejal Roger Carrillo, le recordó esta tarde a la Personería Distrital que están a la espera del resultado de las acciones que, como ente de control le corresponden frente a las actuaciones de la Secretaria Distrital de Movilidad.

Carrillo señaló que: “Como Coordinador de la Comisión Accidental de Taxismo y en razón a las mesas de trabajo que se adelantan en el Concejo de Bogotá, debo solicitarle a la señora Personera Doctora Carmén Teresa Castañeda se sirva entregar los resultados de la veeduría, investigaciones y requerimientos que haya hecho a la Secretaría de Movilidad por posibles irregularidades en procedimientos administrativos”.

El cabildante resaltó que en las mesas de trabajo que se adelantan en la comisión accidental (específicamente las adelantadas el 16 de mayo sobre infracciones de tránsito y las del 23 de mayo y 26 de junio respectivamente sobre comparendos, acuerdos de pago, sanción por reincidencia) y se planteó la manera irregular con la que se imponen comparendos, bajo lineamientos de la secretaría de movilidad; con lo que sienten vulnerados sus derechos.

En la mesa estuvieron delegados de la Personería de Bogotá, Secretaria Distrital de Movilidad, Coronel Rolfy Jiménez Páez de la Dirección de Tránsito de Bogotá, Directora de Gestión de cobro, Subdirector de Contravenciones, Dirección de Investigaciones Administrativas de Tránsito y Transporte y miembros del gremio del taxismo,

Carrillo Campo quien desde hace 20 meses asumió la defensa de los derechos del sector del taxismo, enfatizó sobre la situación tan compleja, en la que se encuentran muchos conductores de taxi, debido a la suspensión de la licencia, por falta de pago de comparendos o por reincidencia en contravenciones, en aplicación del artículo 124 de la Ley 769 de 2002, sanciones que deben ser revisadas ya que muchos han cancelado dichos comparendos, pero no han sido depurado los datos.

Respecto a la reincidencia, las dudas surgen por la actuación de la SDM que supuestamente ha venido violando el derecho al debido proceso, al evidenciar irregularidades en el procedimiento de notificación para aplicar la suspensión de la licencia y hasta la judicialización de algunos conductores.