Se trata de la multinacional Glencore, que a través de su representante en Colombia Prodeco, le exige al Estado una reparación económica equivalente a 575 millones de dólares, además de la devolución de los recursos pagados por un fallo de la Contraloría que sumó 19 millones de dolares más a las pretenciones.

La decisión es de un Tribunal de Arbitramento Internacional, luego de casi dos años de discusiones, zanjando las diferencias con la orden a Colombia de devolver los 19 millones de dólares producto de la sanción de la Contraloría.

Esta decisión redujo en un 97 por ciento las pretenciones de la multinacional, eliminando la solicitud de impedir a la Contraloría adelantar procedimientos en otro de los contratos, el Otro Si número 8 del contrato de concesión, esto según la Agencia de Defensa, en cabeza de Camilo Gómez.

La Contraloría había impuesto la sanción por considerar un detrimento patrimonial por la firma de un contrato en materia de regalías para la explotación de mina de carbon conocida como ‘Calenturitas’ en el departamento de Cesar.