En la Secretaría del Senado se radicó el proyecto de ley para regular el consumo adulto del cannabis y que busca entregarle al Estado, el control de la producción y comercialización del mismo.

De iniciativa del senador Gustavo Bolívar, fue además suscrito por los senadores: Iván Marulanda, Temístocles Ortega, Antonio Sanguino, Feliciano Valencia, Alberto Castilla, Aida Avella, Armando Benedetti y Julián Gallo.

Esta iniciativa se articula con las disposiciones del Acuerdo de Paz, para avanzar en una nueva política de lucha contra las drogas que contribuye al debilitamiento del narcotráfico y sus rentas ilícitas, por medio de la eliminación del cannabis del mercado ilícito, y que va en contravía de 50 años de fracasadas soluciones militares.

Al respecto, el senador del Partido FARC Julián Gallo Cubillos (Carlos Antonio Lozada) aseguró que este proyecto “logra generar un verdadero cambio en la política equivocada de la guerra contra las drogas, de la cual Colombia ha sido la principal víctima”. Y agregó: “el costo que hemos pagado en términos de vidas humanas ha sido muy alto, esta es una nueva forma de luchar contra el flagelo del narcotráfico”.

Con este proyecto también se busca proteger a los colombianos de los riesgos de salud pública y de seguridad, asociados al vínculo con el comercio ilegal de sustancias psicoactivas y promover la salud pública mediante campañas de educación y prevención, gracias al impuesto que se establecerá al cannabis para uso adulto.

Se crearán unos medios legales para acceder al cannabis, exclusivo para personas mayores de edad y quien venda a un menor incurrirá en las sanciones penales ya establecidas, además se mantendrán las medidas de protección de espacios públicos establecidas en el Código de Policía.

Constituido el Instituto colombiano para la regulación del cannabis, adscrito al Ministerio de Salud, se regulará y coordinará la implementación de la política nacional relativa a la importación, exportación, producción, almacenamiento, comercialización y uso del cannabis de uso adulto, así como el otorgamiento del 35% de las licencias de manera prioritaria, a los pequeños productores que hayan sido afectados por la guerra contra las drogas.