Un juez argentino envió a juicio a la expresidenta Cristina Fernández y al resto de imputados de la conocida como “causa de los cuadernos”, en la que se investiga si la candidata a la Vicepresidencia encabezó una red de sobornos de empresarios de la obra pública a altos funcionarios de su Gobierno.

Según informaron fuentes jurídicas a la agencia de noticias Efe, el magistrado Claudio Bonadio decidió clausurar la instrucción y elevar a juicio el caso, en el que Fernández -senadora desde 2017- está acusada de los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa y cohecho pasivo.

Además, el juez, como ya ha hecho otras veces, solicitó al Senado que debata y apruebe el desafuero de la exmandataria (2007-2015), con el fin de que sea detenida y cumpla con la prisión preventiva que ya ordenó cuando dictó su procesamiento el 17 de septiembre del año pasado.

Sin embargo, al igual que en el resto de ocasiones, no se espera que ese pedido fructifique en la Cámara Alta, al estar dominada por el peronismo, al que Fernández pertenece.

La causa, de la que se desprenden varios expedientes, se destapó en agosto de 2018 cuando una investigación periodística desveló los cuadernos que durante más de una década elaboró un chófer ministerial, Oscar Centeno, en los que supuestamente detalló los viajes que hacía por Buenos Aires para entregar bolsas con millones de dólares a funcionarios kirchneristas.

Este juicio, que afecta no solo a destacados exaltos cargos sino a algunos de los más importantes empresarios del país y que todavía no tiene fecha, se suma a la decena de causas en las que la exmandataria ya está procesada -la mayoría por presunta corrupción- y se produce en plena campaña electoral para las presidenciales del 27 de octubre, a las que Fernández y su candidato a la Presidencia, Alberto Fernández, llegan como favoritos.

En la “causa de los cuadernos”, Bonadio -juez al que la propia expresidenta ha recusado en diversas ocasiones, convencida de ser víctima de una injusta persecución política y judicial- apunta a que el matrimonio Kirchner fueron “los jefes” de ese “sistema ilegal de recaudación” en el ámbito del Ministerio de Planificación y los “beneficiarios finales” de los sobornos.