El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aseguró que el país requiere una transformación de las costumbres políticas e invitó a los ciudadanos a votar bien, y a rechazar un futuro basado en transacciones de pesos, votos y contratos.

Limpio en Bolívar, el jefe del Ministerio Público advirtió que la prohibición de participar en política cobija tanto a los funcionarios públicos como a los contratistas, y agregó que un comportamiento irregular en las elecciones implica una investigación y una sanción de carácter disciplinario.

Carrillo Flórez destacó los primeros resultados que se dieron luego de la audiencia en Cali, Valle del Cauca, e indicó que las denuncias presentadas en estos espacios serán entregadas a la Fiscalía General para “que hayan consecuencias penales si eso es necesario”.

Reveló que de acuerdo al trabajo preventivo del órgano de control se han retirado 285 elementos publicitarios en Cartagena, y que gracias a la aplicación “Estás Pillao”, que puso a disposición la Procuraduría para que los ciudadanos formularan sus denuncias en relación con la publicidad política ilegal, se han adelantado 92 operativos para desmontar 785 vallas, pasacalles y pendones y 1.300 afiches con propaganda electoral en postes.

Agregó que según el mapa de riesgo electoral hay 74 municipios en riesgo electoral en la región, 15 de ellos en Bolívar.

El Procurador General se mostró preocupado por el financiamiento de las campañas de los candidatos a las corporaciones, que a su juicio existe “una omisión rampante de la Ley. No existen comprobantes de gastos, no hay manual de funciones, no hay registro dell acta de designación del gerente, es decir, el caos total desde el orden que deben tener el punto de vista del orden institucional que debe tener una campaña de cara a la vigilancia electoral”.

Sobre las audiencias anticorrupción que viene liderando en diferentes ciudades del país, dijo que el propósito es reunir evidencias que le permitan a la Procuraduría tomar las decisiones de carácter disciplinario que correspondan. “Tenemos toda la voluntad política en tomar esas decisiones disciplinarias, siempre y cuando contemos con las pruebas necesarias”, puntualizó.