El gobierno de Ecuador acordó dejar sin efecto un decreto que eliminó subsidios a los combustibles y los grupos sociales se comprometieron a deponer las protestas que convulsionaron por más de diez días al país sudamericano, informó la representación de Naciones Unidas en el país, que medió en el trato.

El acuerdo considera que se forme una comisión para redactar un nuevo decreto con la participación del movimiento indígena y bajo el acompañamiento de la ONU y la Iglesia Católica.

“Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador”, dijo el representante de la ONU en Ecuador, Arnaud Peral, quien leyó la resolución, tras las negociaciones transmitidas por la televisión estatal.

El presidente Lenín Moreno dijo en su Twitter que el decreto que eliminó los subsidios “será sustituido por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan”, sin dar detalles.

Más temprano, la ciudad de Quito se vio nuevamente convulsionada por el enfrentamiento de la policía ecuatoriana con manifestantes que les lanzaron proyectiles caseros, a pesar del toque de queda impuesto por el presidente, que intentaba calmar las protestas contra sus planes austeridad.

Lugares de la ciudad de casi 3 millones de personas parecían una zona de guerra, con vehículos militares blindados y sonidos de explosiones. En el centro histórico, manifestantes se refugiaban tras barricadas en medio de nubes de gas lacrimógeno, según testigos de Reuters.

Los incidentes han sido los peores en el pequeño país sudamericano en más de una década y la más reciente ola de oposición a las políticas del Fondo Monetario Internacional en Latinoamérica.

Moreno firmó un acuerdo de 4.200 millones de dólares con el FMI este año, enfureciendo a muchos de los que lo votaron como sucesor del izquierdista Rafael Correa.

Las autoridades han dicho que la eliminación de los subsidios es una parte clave de su plan para sanear las cuentas del país y sostener la dolarización en la nación petrolera.

Los disturbios comenzaron primero con protestas encabezadas por los camioneros. Desde entonces, los manifestantes indígenas han tomado la iniciativa, pero dicen que extremistas ajenos han tratado de instigar enfrentamientos y han criticado al gobierno por lo que califican como una represión desproporcionada.

No quedó claro tras el acuerdo si se derogaban los decretos posteriores para declarar un estado de excepción y el toque de queda que regía en toda la capital Quito, y en áreas estratégicas del resto del país.

El presidente de la organización indígena CONAIE, Jaime Vargas dijo que las protestas han dejado más de 2.000 heridos y al menos 10 personas muertas, decenas de desaparecidos y cientos de detenidos.

“Ya no queremos más represión desde este momento”, dijo Vargas, mientras miles de indígenas permanecían a la espera de la resolución en universidades y un centro cultural, donde fueron acogidos durante las jornadas de protesta.

La Defensoría del Pueblo, que monitorea los disturbios, confirmó la muerte de al menos siete personas. Reuters