–La Superintendencia Nacional de Salud anunció este martes la liquidación de la EPS Saludvida, como consecuencia de los problemas admnistrativos, financieros y la deficiente prestación de servicios médico-asistenciales para más de 1 millón 160 mil afiliados.

A partir del 31 de octubre la EPS Saludvida dejará de operar en 17 departamentos y en la ciudad de Bogotá, donde en la actualidad presta los servicios de aseguramiento en Salud.

Los afiliados serán trasladados por el Ministerio de Salud a otras EPS que garantizarán la atención a partir del próximo 1 de noviembre.

Como agente interventor y liquidador de Saludvida fue nombrado David Laguado.

“Tenemos que seguir tomando decisiones y debemos depurar del sistema de salud quienes no vienen haciendo bien la tarea”, aseguró el superintente Fabio Aristizábal Ángel, al notificar la liquidación de Salud Vida.

Igualmente envió un mensaje a los prestadores de Saludvida: “No pueden cerrar la red, deben garantizar los servicios a los usuarios, y les recuerdo que pueden incurrir en una sanción por parte de la entidad”.

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— Supersalud (@Supersalud) October 15, 2019

Los usuarios por departamento de la EPS Saludvida son: Norte de Santander (167.162), Santander (138.517), Cesar (106.128), Córdoba (90.933), Atlántico (89.244), Cauca (85.381), Tolima (76.939), Sucre (67.442), Magdalena (60.245), Bolívar (59.711), Caldas (55.216), La Guajira (52.633), Cundinamarca (33.327), Arauca (31.631), Boyacá (25.628), Quindío (13.320), Bogotá (5.833) y Nariño (2.627).

Los hallazgos

—Componente técnico-científico

La EPS presenta una alta desatención en la prevención del riesgo, en especial a las madres gestantes y al adulto mayor. Entre enero y junio de 2019 se reportaron 101 casos relacionados con muertes perinatales solo en el régimen subsidiado, y en el contributivo, solo en el mes de julio alcanzó 19 casos. En este indicador, Saludvida reporta 257,07 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, cuando el estándar nacional es de 51 muertes.

También se pudo identificar una alta incidencia de sífilis congénita, llegando a 2,29 casos de infectados por cada 1.000 nacidos vivos, cuando la meta de la ODM es la de reducir el indicador a 0,5 casos.

Así mismo, una baja cobertura en la prevención de cáncer de cérvix y mama que, a julio de este año, alcanzó una cobertura de solo 41,55% en el subsidiado y del 49,92% en el contributivo, 16 puntos porcentuales por debajo de la meta que es de 57%, hecho que a la fecha ya registra 60 casos de afiliadas con cáncer de cuello uterino, de los cuales 31 se encuentran en estadio invasivo.

Para el caso de los usuarios mayores de 60 años, persisten las dificultades en los indicadores de captación y control de pacientes hipertensos y diabéticos, convirtiéndose estas en las principales causas de morbimortalidad de la población adulta afiliada.

El porcentaje de pacientes diabéticos controlados solo alcanza un 19,45% cuando el estándar mínimo es de 50%; esta misma situación se registra para el control de pacientes con pérdida de función renal, donde solo llega al 19,89%, y en el tamizaje bianual con mamografía de mujeres entre los 50 y 69 años, donde alcanza solo el 18,14% del estándar que es del 70%.

Cobertura de servicios:

El no pago de cartera a los proveedores se ha visto reflejado en el cierre de servicios a los usuarios. Para el primer semestre del año se evidenció el cierre de 43 servicios en 11 de los departamentos donde opera, con predominio en Córdoba, Norte de Santander, Atlántico y Tolima, situación que genera barreras en el acceso oportuno a los servicios de consulta externa, cuidados intensivos, hospitalización, atención oncológica y servicios de laboratorio clínico de alta complejidad.

—Componente financiero

A junio de 2019, mientras los activos de la EPS estaban por el orden de los $349.170 millones, los pasivos superaban el billón de pesos, el patrimonio era de $-789.670 millones y las pérdidas acumuladas superaban los $867.000 millones.

Entre los hallazgos evidenciados, se encontró un inadecuado manejo de los recursos del sistema con pagos superiores por concepto de facturación, el uso de los recursos por fuera de la destinación específica, la concentración del giro directo en ciertos prestadores y la prolongación de la edad de la cartera, afectando la sostenibilidad de su red prestadora.

—Componente jurídico

La tendencia de las tutelas, desacatos, procesos judiciales y embargos presentaba un notorio aumento; por ejemplo, de enero a julio de 2019, se han presentado 630 tutelas más, comparado con el número de recibidas el año inmediatamente anterior.

Para el primer semestre del año 2019, fueron 2.791 acciones de tutela en salud, de las cuales 1.367 fueron por conceptos del Plan de Beneficios de Salud (PBS) y 1.424 por conceptos No PBS.

Y las pretensiones jurídicas a la fecha superan los $1.1 billones y los fallos en contra alcanzan los $187.000 millones.

Balance de las medidas tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud

“A partir del 1° de noviembre del presente año, serán más de 2’700.000 usuarios del sistema, quienes, luego de las acciones implementadas por la Superintendencia Nacional de Salud, estrenarán EPS”, afirmó Fabio Aristizábal Ángel, quien presentó un balance de las acciones alcanzadas por la entidad bajo la ruta trazada por el Presidente Iván Duque Márquez, de rescatar y depurar del sistema los actores que no ven la salud como un derecho fundamental y así garantizar una salud digna a los 48 millones de usuarios.

En este mes, la Superintendente Nacional de Salud determinó la liquidación de la Promotora de Salud S.A. – Cruz Blanca E.P.S.. Esta prestará sus servicios hasta el 31 de octubre, mientras los afiliados son traslados a otras EPS, sobre las que la Supersalud no tiene medida de vigilancia especial.

La decisión se tomó luego del informe entregado por el Agente Interventor designado por la Superintendencia el pasado 4 de septiembre, quien concluyó que, por su crítico estado financiero, la EPS pone en riesgo la salud de los usuarios y los recursos del sistema. Hecho al que se le suma un elevado número de PQRD y de procesos sancionatorios y judiciales.

En ese orden de ideas, Cruz Blanca deberá garantizar la prestación de sus servicios a sus 312.000 afiliados, ubicados en 31 municipios de los departamentos del Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia y en la capital del país donde opera actualmente, hasta el 31 de octubre, y, a partir del 1 de noviembre serán las nuevas EPS, asignadas por el ministerio de Salud, quienes garanticen la atención.

La EPS Cruz Blanca opera en los dos regímenes con 288 mil en el contributivo y 23 mil en el subsidiado.

Igualmente dispuso someter a la EPS Emssanar S.A.S. bajo vigilancia especial y no podrá recibir nuevos afiliados ni aceptar traslados.

La decisión de la Supersalud se adoptó por el incumplimiento en el reporte de información necesaria para las labores de inspección y vigilancia de la entidad; por inconsistencias en la administración y el flujo de recursos hacia la red prestadora de servicios de salud, así como en los reportes que garantizan la destinación de los dineros al pago de las obligaciones con terceros.

La resolución 8925 del 2 de octubre de 2019, a través de la cual se determinó la medida por un año, señala que para cada trimestre de la vigencia de 2019, la EPS no hace lo necesario para identificar y pagar las obligaciones por la prestación del servicio.

Adicionalmente, se encontró que la EPS, para el corte de mayo a agosto de 2019, se toma en promedio 17 días para resolver los casos de quejas por riesgo de vida de los pacientes, lo que denota falta de oportunidad en la gestión de las PQRD.

La Supersalud consideró que, ante la afectación en el aseguramiento en salud, la garantía de la prestación de los servicios y el riesgo de los recursos del sistema es necesaria la medida preventiva de vigilancia especial para la EPS.

Además, la Superintendencia de Salud ordenó liquidación de EPS Emdisalud, como resultado de las actuaciones de inspección, vigilancia y control. Esta dejará de prestar sus servicios en los 9 departamentos donde opera: Córdoba (204.657), Antioquia (90.437), Boyacá (47.338), Santander (42.497), Cesar (21.393), Magdalena (19.103), Bolívar (16.245), Chocó (8.770), Sucre (2.847).

De acuerdo con el Superintendente de Salud ad hoc, Germán Augusto Guerrero Gómez, a partir del 1 de noviembre los 448.994 afiliados a EMDISALUD pasarán a otras EPS que serán designadas por el Ministerio de Salud, sobre las que la Supersalud no tiene ninguna medida de vigilancia especial.

Pese al esfuerzo que hizo la Superintendencia Nacional de Salud para que la EPS corrigiera los hallazgos que originaron la medida, a los plazos que se le dieron y a los planes de mejora, la EPS no realizó acciones eficaces que llevaran a solventar la delicada situación.

En lo técnico-científico la cobertura de servicios de baja y alta compejidad en el territorio nacional es insuficiente, hechos que ponen en riesgo la vida y la salud de los afiliados.

Por ejemplo, a marzo de 2019, en cobertura de servicios básicos como atención en medicina general, promoción y prevención, consulta odontológica y laboratorio clínico no superan el 53%. Las unidades de cuidados intensivos para adultos solo alcanzan una cobertura del 61% y de solo el 23% en UCI pediátrica y neonatal.

La población materna (de alta vulnerabilidad en salud) no tiene la garantía de la prestación de los servicios. La cobertura en el territorio nacional para la atención en oncología, hematología, quimioterapia y radioterapia es del 0%, y, entre muchos otros aspectos, tampoco cumple con la entrega completa y oportuna de los medicamentos.

En lo financiero, Emdisalud no cumple con los parámetros de solvencia y liquidez. Sus activos con corte a junio son de $96.000 millones, sus pasivos $503.000 millones y su patrimonio de $-404.000.

A la fecha, la Supersalud ha ordenado la medida de intervención forzosa para liquidar Comfacor, Cruz Blanca, Emdisalud y Saludvida.

Igualmente ha ordenado revocatoria parcial de funcionamiento, es decir, dejaron de operar en algunos de los departamentos en los que prestaban sus servicios, por sus bajos indicadores de desempeño: Medimás (Cesar, Sucre y Chocó), Coomeva (Meta, Cauca y Cundinamarca) y Comparta (Bolívar, Cundinamarca y Huila).

18 EPS continúan bajo medida de vigilancia especial con restricción de afiliación y 19 no se encuentran bajo ninguna medida.