En la mañana de este miércoles se conoció que las autoridades elevaron el monto de la recompensa por información que permita dar con el paradero de la excongresista Aida Merlano, quien protagonizó una espectacular fuga en días pasados en Bogotá.

Las autoridades elevaron de $50 millones a $200 millones de pesos la recompensa por información que permita dar con la recaptura de la prófuga, quien ya cumplió dos semanas desde que se fugó desde un consultorio odontológico en el norte de Bogotá.

Cabe la pena destacar que el pasado miércoles la juez 70 de control de garantías ordenó el envío a prisión del capitán del INPEC, David Alexander Álvarez Cárdenas, jefe de custodia de la cárcel de El Buen Pastor, procesado por su presunta complicidad en la fuga de la excongresista.

Según el juez, Alvarez Cárdenas representa un peligro para la comunidad carcelaria y teniendo en cuenta su carga podría presionar a los testigos para entorpecer la investigación.

La juez calificó de ‘traición’ a la función pública la presunta conducta del indiciado por la inferencia razonable de que cometió los delitos de prevaricato por acción y favorecimiento de fuga agravado.

La juez 70 de control de garantías aseguró que cuando un servidor público actúa de manera deshonesta, es posible que su actuar delictivo continúe una vez termine la sanción de tres meses que le impuso la Procuraduría.

La representante de la Procuraduría General avaló la medida de aseguramiento en centro carcelario contra de Álvarez Cárdenas.

Según la funcionaria el capitán Álvarez pese a que se encontraba en período de vacaciones firmó la salida de Aida Merlano de la cárcel El Buen Pastor y su traslado al Centro Médico La Sabana, en el norte de Bogotá, para supuestamente continuar un procedimiento odontológico.

Alvarez Cárdenas será enjuiciado por los delitos de prevaricato en calidad de autor y favorecimiento de fuga es en condición de coautor.

Por su parte, la juez 12 de control de garantías, señaló que la Fiscalía no pudo demostrar que la hija de Aida Merlano y el odóntologo Javier Cely, deberían ser enviados a prisión, considerando que la sola gravedad del hecho no es suficiente para imponer la medida de aseguramiento.

La Fiscalía General señaló a los detenidos como presuntos responsables del delito de fuga de presos en calidad de cómplices y uso de menores de edad en actividades delictivas.

Sin embargo, para la juez: «Se fugó la señora Aída Merlano, pero estaban sus hijos, estaba el odontólogo, que la Fiscalía investigue y eso es lo que debemos respetar, que investigue la Fiscalía pero de manera transparente».

Y agregó que la Fiscalía General actuó de manera grosera en este caso y sin transparencia y lealtad procesal.

También sostuvo que no era necesario haber dictado órdenes de captura contra los sindicados porque habían mostrado su voluntad de colaborar con la justicia.

Para la juez, la Fiscalía no demostró por qué podían representar un peligro para la sociedad o el proceso los implicados.

“Dice la Fiscalía que son un peligro para la sociedad, pero ambos carecen de antecedentes ni investigaciones. Grosera la actividad de la Fiscalía al haber solicitado las órdenes de capturas en varios juzgados”, concluyó la juez.