Este miércoles la Corte Constitucional tumbó varios artículos de la Ley de Financiamiento, por considerar que existen vicios de trámites.

El alto tribunal indicó que hubo muchas fallas en el texto que fue previamente aprobado por la Cámara de Representantes.

Los demandantes consideraban que no hubo suficiente publicidad respecto de la proposición acogida en la Cámara de Representantes para aprobar el texto acogido previamente por la plenaria del Senado de la República, lo que, a su juicio, conllevó la afectación del principio de consecutividad, por la falta de los presupuestos necesarios para realizar el debate.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla Barrera, explicó el pasado 3 de octubre que una posible declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de financiamiento, le costaría al país cerca de mil billones de pesos.

Según los cálculos, hay dos escenarios: el primero sería el de la seguridad jurídica “nadie va a volver a creer en una reforma tributaria ni ley de financiamiento, dado que, cumplidos todos los requisitos como lo han certificado los secretarios tanto de la Cámara de Representantes, como del Senado de la República, se cumplieron todos los procedimientos regulatorios y reglamentarios, si eso no se sostiene, nadie va a volver a creer”, sostuvo el ministro Carrasquilla. Lo anterior, traído a valor presente, costaría cada año 1.5 puntos del PIB de crecimiento.

El segundo escenario, de acuerdo con lo que explicó el titular de la cartera de Hacienda, es el de los efectos de crecimiento inherentes a la Ley de Financiamiento, pues estos desaparecerían.

“Ese segundo efecto de crecimiento también tiene un costo y si sumamos, el efecto combinado, año tras año, hasta el 2030, eso nos da el equivalente a un PIB anual de Colombia. Perdemos el 10% de nuestra capacidad de generación de ingreso de un tanganazo”, manifestó Carrasquilla Barrera.