Las empresas, consorcios o demás interesados en participar en la licitación del proyecto de Alianza Público-Privada (APP) para recuperar la navegabilidad del río Magdalena y hacerlo sostenible para beneficio de sus comunidades ribereñas, deben comprometerse a garantizar la navegabilidad entre Barrancabermeja y Bocas de Cenizas, mediante la implementación de obras de encauzamiento, trabajos de dragado, monitoreo y señalización del canal navegable en un plazo de 15 años en sus etapas de preconstrucción, construcción, operación y mantenimiento.

Así lo establece el proyecto en su etapa de prefactibilidad, divulgado por Cormagdalena y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en la apertura del Diálogo Competitivo que se realizó este jueves en el centro de convenciones Puerta de Oro en Barranquilla, y donde el Gobierno en cabeza de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, presentó la información técnica y los requisitos habilitantes para los inversionistas que muestren interés en participar en la APP.

Entre los requisitos financieros exigidos que habilitan a las empresas o consorcios a participar en la licitación, se encuentran: contar con un patrimonio neto mínimo de $293.690 millones, un cupo de crédito en firme de $146.845 millones y acreditar una concesión de un proyecto de infraestructura cuyo valor de financiación haya sido de por lo menos $176.214 millones.

Esta etapa de prefactibilidad desarrollada por la ANI y Cormagdalena, incluye las obras referentes que debe realizar el concesionario adjudicatario para garantizar la navegabilidad del río entre Barrancabermeja, en el departamento de Santander, y la desembocadura al Oceano Atlántico en el sector de Bocas de Ceniza en Barranquilla. Para tal fin, se definieron dos unidades funcionales de navegabilidad. La primera, entre el canal de acceso al puerto de Barranquilla y el Puerto de La Gloria, en el departamento del Cesar, con una extensión de 457 kilómetros. Y la segunda, entre La Gloria y Barrancabermeja, con una extensión de 200 kilómetros.

El director de Cormagdalena, Pedro Pablo Jurado, explicó que las obras deben incluir trabajos de dragado, encauzamiento, reforzamiento de tajamares, entre otras. Las obras que se proponen en cada una de las dos unidades funcionales definidas, son las siguientes:

Unidad funcional 1:

Dragado de mantenimiento del canal marítimo de aproximación, con especial atención a la zona de fondeo, zonas de giro Prado, Paraíso y Barrio Bajo. Garantizar profundidad de 40 pies desde Bocas hasta el puente Pumarejo, 27,9 pies desde el Puente hasta Pimsa, y un dragado de aproximadamente dos millones de metros cúbicos de sedimentos removidos anualmente. Igualmente, el concesionario deberá realizar el mantenimiento del tajamar occidental y la reconstrucción y mantenimiento del tajamar oriental, protección de orilla entre el kilómetro 14 y 17, contiguo al dique direccional.

Unidad funcional 2:

Dragado de mantenimiento en todo el tramo con especial atención a los sectores de Canal de la Armada, Bufalera, Patico, Cantagallo, Yarirí, San Pablo y Canaletal, para garantizar profundidad de 7 pies. Y dosmillones de metros cúbicos de sedimientos removidos anualmente.

Así mismo, se tiene previsto realizar revestimientos en trincheras, fundamental para estabilizar el canal navegable en curvas; diques de alineamiento, en el fondo del río para dirigir el flujo en cruces y áreas donde la orilla es demasiado baja; diques para control de flujo en aguas bajas, que sirven como pantallas de defensa contra la erosión; y anclajes de diques, para empotrar las estructuras en los barrancos laterales del río.

Beneficios de la APP

Para la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, la APP es un proyecto que busca no sólo aumentar el volumen de carga que se moviliza por el río y la activación de los puntos de comercio e intercambio a lo largo de la red fluvial en el concepto de intermodalismo competitivo, sino que propende por beneficiar a las comunidades ribereñas con la disminución de los impactos ambientales que garantizan la sostenibilidad del principal afluente del país y la generación de 3.800 empleos directos e indirectos.

“Con la recuperación de la navegabilidad vamos a garantizar un aumento en el volumen de transporte de carga lo que permite una disminución de daños en las carreteras, una mayor integración de la red de infraestructura de transporte del país”, aseguró.

El proyecto, además, busca la estabilización de las orillas, reducción de la fragmentación de ecosistemas y una mejor calidad de vida de las comunidades ribereñas por las facilidadesn que el río ofrece para el acceso a servicios básicos como transporte, educación y salud, además de la oportunidad de trabajar de lado de las comunidades pesqueras y la conservación del recurso ictiológico.