–Ni un solo indicio de favorecimientos, ni una sola prueba que vincule la campaña presidencial con la corrupción de Odebretch, afirma el expresidente Juan Manuel Santos, en un documento que será la base de su respuesta a la declaración juradamentada que deberá rendir ante el Consejo Nacional Electoral, la cual debió cumplirse el pasado fin de semana, pero tuvo que ser aplazada por inasistencia del exmandatario.

El documento, revelado por el diario El Tiempo, fue elaborado por la defensa del expresidente y luego de hacer un pormenorizado recuento de los hechos, señala que el exmandatario tiene total tranquilidad de conciencia y de espíritu y puntualiza: “No tiene nada de qué defenderse ni ante la justicia ni ante el tribunal de la opinión pública. Los hechos hablan por si solos”.

Santos debió comparecer ante el Consejo Nacional Electoral el 1 de noviembre del año en curso, junto con José Roberto Prieto Uribe, Gilberto Contreras Morales, Araceli Rojas Salinas y Óscar Orlando Rueda García, dentro de la investigación preliminar que se adelanta en el caso Odebrecht.

Estos los términos del documento:

Comentarios y conclusiones

.-Ni un solo indicio de favorecimientos, ni una sola prueba que vincule la campaña presidencial con la corrupción de Odebretch

-Jamás hubo una reunión en la que Juan Manuel Santos haya tocado el tema de financiación de su campaña con Odebretch.

Cuando en diciembre de 2016 estalló el escándalo de Odebrecht en Estados Unidos, y donde Colombia aparecía como uno de los países donde se pagaron sobornos, el Presidente Santos solicitó a la Fiscalía que actuara con la mayor rapidez y contundencia para esclarecer esa situación a la mayor brevedad posible. La incertidumbre y las especulaciones que se generarían solo traería problemas, y por eso había que actuar rápido. Al Presidente Santos le interesaba saber también si alguien de su gobierno había recibido sobornos.

Simultáneamente, el Presidente Santos convocó a todos los altos funcionarios del sector de la infraestructura, comenzando por el Vicepresidente Vargas Lleras, quien tenía a su cargo este sector, para que le informaran la situación con Odebrecht en el país, en cuántos y cuáles proyectos del actual gobierno habían participado, quiénes los habían adjudicado, y las posibles repercusiones de lo que estaba sucediendo.

En el informe que le dieron se constató que, durante el gobierno Santos, de los cientos de proyectos que se iniciaron en la revolución por la infraestructura vial y aeroportuaria, Odebrecht no logró ganarse sino una sola licitación, la de la vía Chiquinquirá-Puerto Boyacá, donde participaron 15 diferentes proponentes que aceptaron el resultado sin reclamo alguno, lo que demuestra que se la ganó en franca lid. La vía fue construida y terminada sin ningún problema. También la Corporación Autónoma del Magdalena, que como su nombre lo índica es autónoma del gobierno (aunque el ministro de transporte es miembro de la junta), abrió un proceso para la navegabilidad del Río Magdalena. El contrato fue adjudicado a Odebrecht que apareció al final como único proponente, pero nunca empezó a ejecutarse y luego se declaró su caducidad. Esta adjudicación ha sido investigada por todas las autoridades sin que hasta el momento se haya descubierto soborno alguno.

Como tanto se ha dicho, y como puede verse al comparar el numero de obras iniciadas y construidas con el numero de obras donde participó Odebretch, en el gobierno Santos a esta empresa le fue mal, muy mal. Esto es muy importante porque desvirtúa de tajo cualquier sospecha de favorecimiento indebido en favor de Odebrecht por cualquier motivo. Lo que se corrobora aún mas si se compara con las obras que se le adjudicaron a Odebrecht antes de agosto del 2010.

No sobra recordar que la Cámara Colombiana de la Infraestructura resaltó y aplaudió la transparencia con que se adjudicaron los proyectos del gobierno Santos por un valor sin precedentes en la historia del país. Además, es importante resaltar que la obras donde aparecen sobornos fueron adjudicadas en gobiernos anteriores o gobiernos locales.

Se identificaron las personas que habían recibido sobornos. Ningún miembro del alto gobierno del Presidente Santos ha sido acusado, ni siquiera señalado, de recibir soborno alguno.

Se descubrió, eso sí, que dos funcionarios de rango inferior, uno en la ANI y otro en el Ministerio de Comercio Exterior recibieron plata de Odebrecht para facilitar unos tramites. El primero recibió 200 millones de pesos, el segundo 50 millones de pesos. Ambos están condenados por la justicia.

El otro caso que salió a relucir de Odebrecht durante el gobierno Santos con gran despliegue mediático fue una adición a la concesión de la Ruta del Sol 2 para construir la vía Ocaña-Gamarra. El cuestionamiento fue principalmente por la forma de contratación. A pesar de que se comprobó que, por la vía de una adición, el Estado se ahorraba más de un billón de pesos, lo que fue confirmado por el propio Contralor, y que había argumentos jurídicos muy serios para justificar que se hubiera contratado a través de una adición y no a través de una licitación, la Fiscalía actuó en contra de la ANI y su director, responsable de la firma del contrato.

También se acusó a dos ministras por no haberse declarado impedidas cuando se aprobaron en el CONPES las vigencias futuras para la financiación de esta obra. El supuesto impedimento era porque la familia de una de las ministras (son pareja) es socia minoritaria de una empresa portuaria, que a su vez había comprado un terreno que eventualmente podría valorizarse con la construcción de esa carretera. La empresa es la Sociedad Portuaria de Cartagena, la familia de la ministra Parody tiene el 23.45% pero lo que no se ha dicho es que la ministra cedió todos sus derechos cuando entró a la vida pública. La acusación del impedimento en este caso es un absurdo jurídico y la fiscalía archivó el proceso.

Sin embargo, en una decisión muy cuestionada porque no había antecedentes, se designó un Fiscal Adhoc debido a los impedimentos declarados por el exfiscal Martinez y la exvicefiscal Riveros. El fiscal adhoc decidió -sin ninguna prueba ni elemento nuevo- reabrir el proceso contra las exministras. Las dos exministras se habían convertido en otro blanco político de los detractores de la paz y del Presidente Santos desde la época del plebiscito. Al renunciar el Fiscal y la Vicefiscal, desapareció la figura del fiscal adhoc y el caso regresó al Fiscal en propiedad. Este caso debe concluir muy pronto en forma definitiva. El exfiscal adhoc tiene varias demandas por su cuestionada actuación.

Odebrecht hasta diciembre de 2016 era reconocida como una de las firmas de ingeniería más prestigiosas del mundo. Ninguna entidad de control ni medio de comunicación en Colombia o en el mundo se había referido a algo malo respecto de esta empresa. El Presidente Santos se reunió varias veces con Marcelo Odebrecht, en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe cuando vino con el Presidente Lula, en Brasil cuando fue en visita oficial como Presidente, en la Cumbre de las Américas en Panamá y con los directivos en Colombia cuando se inauguraban tramos de la carretera que estaban construyendo, como hacía con casi todo concesionario. Jamás Juan Manuel Santos se reunió solo con ningún directivo de Odebrecht, siempre estuvo acompañado de sus ministros y funcionarios respectivos. De todas esas reuniones hay registros públicos, y por supuesto en ninguna de esas reuniones se habló de algún tipo de aporte o pago indebido y mucho menos con destino a su campaña presidencial.

La versión que circuló sobre una supuesta reunión del presidente Santos con Odebretch para hablar de plata y donde se pretendió involucrar al fiscal Martínez y al vicepresidente Vargas fue la que propagó el senador Benedetti. Pues bien, Benedetti fue obligado a retractarse públicamente por la Corte Suprema y en ese pleito salió también a relucir una declaración del señor Martorelli, el representante de Odebretch, diciendo que eso era una mentira y que esa reunión nunca se produjo

La ironía de todo esto es que hoy cualquier visitante a Miami sale del aeropuerto y las obras que están realizando a su alrededor las está haciendo Odebretch.

Queda claro entonces que durante el gobierno del Presidente Santos ni se pagaron sobornos a sus altos funcionarios, ni Odebretch obtuvo algún tipo de favorecimiento. Es decir, a la luz de los hechos no hay fundamento para acusar a nadie del alto gobierno de corrupción.

Pasamos a la financiación de las campañas. Al comprobarse que no hubo ningún tipo de favorecimiento hacia Odebretch, se convierte en una cuestión del ámbito puramente electoral y de ninguna manera penal.

Campaña del 2010

Hechos:

1) Todas las cuentas fueron presentadas a tiempo, revisadas y aprobadas por las autoridades competentes.

2) Se descubrió 6 años más tarde que hubo un giro de 400 mil dólares para pagar unos afiches. En la llamada que el Presidente Santos hizo a Roberto Prieto, gerente de la campaña, -cuyas conversaciones estaban siendo intervenidas por la Fiscalía- para indagar y reclamarle sobre este hecho, se evidenció claramente que Santos nunca estuvo enterado de este pago y hasta preguntó si ese gasto había sido debidamente registrado en las cuentas de la campaña, como debería haberse hecho. La Fiscalía compulsó copias al Consejo Nacional Electoral (CNE) por tratarse de un asunto electoral y no penal.

3) El CNE investigó y no solo no encontró prueba alguna que vinculara a la campaña durante el tiempo que duró la investigación, sino que por el tiempo ya transcurrido desde la ocurrencia de los hechos (más de 3 años), tenía que decretar la caducidad. En se mismo sentido se pronunció la Procuraduría General de la Nación.

4) El Presidente Santos dio instrucciones para ver cómo podía renunciar a la caducidad. No quería quedar exonerado por la caducidad sino por los hechos. El Ministro del Interior inmediatamente hizo una consulta formal al Consejo de Estado para buscar que se levantara la caducidad. El Consejo de Estado dijo que no se podía, porque la caducidad no es renunciable.

5) El caso quedó cerrado por decisión de la Sala Plena del CNE, el 2 de agosto de 2018.

6) La fiscalía por su parte también cerró el caso por no encontrar que se haya cometido delito alguno.

Campaña del 2014

Hechos:

1) Todas las cuentas fueron presentadas a tiempo, revisadas y aprobadas por las autoridades competentes.

2) Como presidente-candidato, el Presidente Santos dio instrucciones muy precisas -que fueron públicas- para que no se recibieran aportes a la campaña y solo financiar la campaña con créditos que fueran pagados con la reposición electoral. Todos los aportes de personas jurídicas deberían hacerse como contribuciones a los partidos políticos.

En relación con la financiación de los partidos políticos, éstos siempre han podido recibir recursos de personas jurídicas, sin topes. Este es un procedimiento totalmente legal y considerado una práctica común. Cada partido tiene la responsabilidad de registrar esas contribuciones.

3) Como presidente, precisamente por tener que ejercer las funciones de presidente durante la campaña, Santos delegó todo el manejo de los asuntos administrativos y financieros y solicitó, como en efecto se hizo, que se extremaran los filtros para evitar aportes ilegales o de dudosa procedencia.

4) En anuncios de la Fiscalía se señalaron dos giros a campañas políticas de 2014. El primero fue un pago al asesor brasilero de la campaña de Óscar Iván Zuluaga y el otro un supuesto giro para financiar un estudio de mercado para la campaña de Santos. En las declaraciones de los directivos de Odebrecht al fiscalía, uno de ellos (Eleuberto Martorelli) dijo que, dada la dificultad de abordar al gobierno, la financiación de ese estudio buscaba un acercamiento con el gobierno Santos para que le dieran un trato favorable en una reclamación que tenían contra el Estado colombiano, reclamación que nunca se aceptó, razón por la cual fue llevada a un Tribunal de Arbitramiento, que recientemente falló. Nunca se comprobó siquiera que ese estudio de mercado haya sido utilizado por la campaña Santos.

5) El CNE realizó la investigación correspondiente. Escucharon los testimonios de todos los involucrados y agregaron al expediente una carta de dos expresidentes que solicitaban que se investigara unos supuestos dineros de Odebrecht girados mediante unas empresas y unas personas específicas. Esas empresas y las personas mencionadas no eran parte de la campaña y no hay una sola prueba que esos dineros efectivamente entraron a la campaña.

6) Como bajo la ley colombiana cualquier aporte prohibido a campañas políticas, como los no declarados o que sobrepasen los topes establecidos NO era delito sino una contravención electoral, la Fiscalía compulsó copias -es decir, trasladó la información- al CNE, que de oficio tenía que entrar a investigar. Por lo que estos aportes no se consideraban delito, muchas personas han aprovechado para decir que la plata que recibieron por sobornos eran aportes a las campañas. Esto tuvo mucha resonancia mediática. Es importante decir que las autoridades están enteradas de personas que concretamente buscaron o buscan la posibilidad de hacer esta jugada.

Es más, durante el gobierno Santos se promovió una ley, la Ley 1874 del 2017, para que los aportes indebidos y la violación de lo topes dejaran de ser simples contravenciones electorales y se convirtieran en delitos con penas de cárcel.

Todo esto, como mucho de lo que se ha ventilado alrededor de Odebrecht, ha generado mucho ruido en los medios, que es lo que se busca en las contiendas políticas, sin mayor sustento jurídico. De todas formas, nada tiene que ver con la campaña del Presidente Santos, ni nadie de su gabinete ministerial ha sido acusado de haberse apropiado de un solo peso, ni ningún funcionario de su campaña presidencial ha sido condenado por haber actuado ilegalmente o haber cometido delito alguno en la misma.

Últimos acontecimientos

1) A través de un montaje fraguado por los contradictores políticos del Presidente Santos aparecieron en los medios unas declaraciones hechas a la Fiscalía hace más de un año de una de las personas mencionadas en la carta de los expresidentes, el señor Andrés Sanmiguel, en donde declara que “le habían dicho” que una plata que recibió por unos supuestos contratos para hacer unas obras eran para la campaña. Esta persona no tenía -ni tiene- ninguna prueba concreta, que soporte sus afirmaciones. Su credibilidad ha sido seriamente cuestionada por sus propios socios y amigos. Nadie en la campaña conoce o había oído hablar del señor Sanmiguel y uno de sus socios desde España lo calificó públicamente, a través de los medios, de mentiroso patológico. Este personaje y otros mencionados, como Esteban Moreno, que tampoco hizo parte de la campaña presidencial, tienen que declarar en la Fiscalía y explicar qué pasó con esos recursos, sus relaciones con las empresas mencionadas RGQ Logistic y Gistic Logistic, que nada tuvieron que ver tampoco con la campaña, Si efectivamente suscribieron contratos con entidades privadas y movieron recursos, tendrán que explicar cada uno de esos movimientos y el destino final de esas platas. E incluso tendrán que aclarar como es ese episodio tan extraño y novelesco de que llegaron 20 escoltas y camionetas blindadas, que por supuesto no eran (como se ha insinuado) ni de la presidencia ni de la campaña, porque los vehículos oficiales de seguridad son controlados en cada desplazamiento por la policía, el ejercito y la propia seguridad del Estado. Hasta ahora, no hay una sola prueba que esa plata haya entrado a la campaña. Y no la va a haber, a menos de que la fabriquen.

También en una grabación entre el gerente de la campaña y la tesorera sacada fuera de contexto, se insinúa que documentos de la campaña fueron destruidos para esconder algo. Resulta que la fecha de la grabación fue muy posterior al envío de esos documentos al CNE, lo cual deja sin piso esa malévola insinuación.

2) Estas declaraciones de todas formas fueron remitidas a las instancias correspondientes que de oficio tienen que investigar: primero: si hay un hecho nuevo que amerite levantar la caducidad -que, como se sostuvo anteriormente, no lo hay, toda vez que los hechos de la carta de los expresidentes ya fueron investigados; y, segundo, si existe alguna prueba de que esa plata efectivamente entró a la campaña, que tampoco la hay.

Es más, el pasado 2 de septiembre el abogado del único personaje (Andrés Sanmiguel) que ha insinuado que la plata que movieron a través de RGQ Logistics o Gistic Logistics podía ser (de oídas) para la campaña, y que sirvió para compulsar copias al CNE y a la Comisión de Acusaciones, aseveró a RCN que “a su defendido no le consta que esos dineros llegaron o no a la campaña” y que de todas formas “no cometió ningún delito porque el dinero viene de un negocio entre privados cuyo origen es lícito”. Esto deja sin piso todas las acusaciones que se construyeron a partir del show mediático que armaron alrededor de este personaje.

Por estas razones, a la Comisión de Acusaciones y al Consejo Nacional Electoral no les queda entonces otra salida diferente a cerrar nuevamente el caso, porque de otra forma podrían estar prevaricando.

3) Además, se insinuó, a través de la publicación malintencionada de otra grabación fuera de contexto, que el favorecimiento a Odebrecht habría consistido en el intento de conseguir un acuerdo amigable que protegiera los intereses del Estado, el sector financiero y la obra de la Ruta del Sol, como si esto no debería ser el objetivo de cualquier gobierno. Tan peregrina acusación fue también rápidamente desvirtuada. El reciente resultado del Tribunal de Arbitramento le dio además la razón a la posición que adoptó el gobierno Santos sobre esta reclamación. (Se incluye como anexo la comunicación de Luis Fernando Andrade). Por otro lado es bueno aclarar, que fue el doctor Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa del Estado del gobierno Santos, el que exigió que la liquidación se hiciera con el peritazgo más bajo, como en efecto se hizo, ahorrándole mucho dinero al estado.

Comentarios y conclusiones

• El caso colombiano es muy diferente al de otros países en América Latina. En Perú y otros países se comprobó que presidentes recibieron directamente sobornos. Aquí, por interés político se ha querido equiparar los casos, cuando son totalmente distintos. Es absolutamente claro que en Colombia ningún presidente, ni Pastrana, ni Uribe, ni Santos, ni Duque ha sido acusado, ni ha sido mencionado, ni siquiera a manera de insinuación o inferencia, de haber recibido algún tipo de soborno.

• La Fiscalía y la justicia han actuado con especial celeridad frente a otros paises. 91 personas han sido investigadas y 8 han sido condenadas o se han allegado a cargos.

• Con respecto de las contribuciones a las dos últimas campañas presidenciales del Presidente Santos, se descubrió un aporte irregular en la campaña del 2010 para pagar unos afiches de 400 mil dólares, aporte del que el Presidente Santos nunca tuvo conocimiento -como quedó demostrado- hasta que apareció en la prensa 6 años después. En todas las investigaciones que se han realizado sobre la campaña de 2014, no se ha comprobado ninguna contribución indebida.

También se demostró que con Odebrecht no hubo ningún tipo de favorecimiento, ni en las adjudicaciones ni en las reclamaciones. Esto, repito, es muy importante. En este canibalismo mediático producto de la polarización, alguien malévolamente sugirió que Cemex fue favorecida indebidamente por sus supuestos aportes ilegales a la campaña y que se vendría un escándalo peor que el de Odebretch. Esto también fue desvirtuado rápidamente y en forma categórica por el propio Vicepresidente. (Se anexa copia de su comunicado). Nadie le ha dado a esta falacia importancia alguna que lo que buscaba era el impacto mediático.

Últimamente salió una información relacionada con aportes a campañas que hizo Pacific Rubiales. El abogado de la empresa (conocido contradictor de Santos) rápidamente expidió un comunicado donde dice que Pacific le dio plata a todas las campañas de forma absolutamente legal, y añadió que el gobierno Santos no le había dado ninguna prebenda o favorecimiento alguno, sino todo lo contrario. Y así es. A Pacific no se le extendió el contrato con Ecopetrol como era su pretensión ni se le aceptó su solicitud de unos descuentos en el uso de un oleoducto, como también querían. Era vox populi que los directivos de Pacific eran partidarios de Zuluaga, no de Santos.

Como queda claro, el Presidente Santos ha obrado siempre con total transparencia y ajustado a la ley. No solo en este caso sino en toda su carrera pública. No hay cuestionamiento alguno sobre su conducta. Todas las acusaciones falsas de sus contradictores políticos han sido desvirtuadas. No tiene nada que esconder. Nunca quiso resguardarse en el hecho de que en ambos casos operó la caducidad, e incluso preguntó al Consejo de Estado si podía renunciar a ella, para proceder.

Entonces queda también claro que no solo no hay ninguna prueba de que el Presidente haya hecho algo indebido, ni mucho menos cometido una infracción o un delito, sino que todo lo que tiene que ver con las campañas son investigaciones ya concluidas. Por eso, las dos instancias donde se están llevando a cabo las nuevas indagaciones preliminares muy rápidamente tendrán que cerrar los casos.

• Desde el principio el Presidente Santos dijo que su interés era que la justicia operara con toda la contundencia y rapidez y que la verdad saliera a relucir. Dio instrucciones precisas a todos sus funcionarios para que colaboraran con todas las investigaciones. Nunca interfirió en el trabajo de las autoridades. Se ha quedado callado. No entró en ninguna polémica pública para evitar la nefasta politización de la justicia, a pesar de tantas calumnias e injurias contra el único patrimonio que realmente valora que es su buen nombre, y que sus enemigos tanto han querido arrebatarle. La justicia, la verdad y los hechos son su defensa.

Como demócrata defensor de las libertades y de la paz, en especial la libertad de expresión por su sangre y su trayectoria, entiende que una figura pública, y en particular los lideres y jefes de Estado, están expuestos a todo tipo de ataques a los que es mejor no responder y mucho menos por las vías jurídicas. “Que tal un presidente litigando con todos sus críticos, flaco favor se le haría a la democracia”, le responde a los que le aconsejan contraatacar con la ley. Ese es su talante y la razón por la que a pesar de haber sido uno de los presidentes más calumniados e injuriados de la historia colombiana por una oposición que lo atacó sin misericordia -lo dicen los historiadores-, nunca ha demandado a nadie.

• Por todo lo anterior, el Presidente Santos tiene total tranquilidad de conciencia y de espíritu. Y como él mismo sostiene: No tiene nada de qué defenderse ni ante la justicia ni ante el tribunal de la opinión pública. Los hechos hablan por si solos. Lo importante es que la verdad acabe imponiéndose sobre el odio y la mentira, como debe ser. Que la justicia actúe sobre ella y que el periodismo serio la registre. Y para eso, siempre tendrán en el presidente Santos a un soldado más.