–En una medida sin precedentes, La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP decretó medida cautelar de protección sobre algunos cuerpos entre los cuales se encuentran desaparecidos de Hidroituango y que se encuentran en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia.

Esta medida implica el sellamiento parcial y temporal de este Laboratorio para que los cuerpos sean preservados y conservados, al igual que la información relacionada con estos.

También cobija toda la información y documentación relativa que se tenga sobre ellos.

Los cuerpos fueron traídos de los cementerios de Orobajo, Barbacoas y la Fortuna, así como los cuerpos provenientes del Jardín Cementerio El Universal de Medellín.

Con el sellamiento queda restringido el ingreso a algunas zonas del laboratorio, y solo podrá entrar el personal de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA), de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La decisión se tomó luego de dos inspecciones a este laboratorio. La primera fue ordenada en la audiencia de Hidroituango, los pasados 8 y 9 de octubre, que investigó por los restos de los desaparecidos en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico, y que especialmente indagó sobre los cuerpos que fueron transportados desde de los cementerios de Orobajo, Barbacoas y la Fortuna, de Antioquia. Este traslado lo hizo la Universidad de Antioquia en el marco de un convenio con Empresas Púbicas de Medellín.

En la primera inspección, el 29 de octubre, la JEP encontró que el laboratorio no tiene una clasificación, registro y organización documental adecuada de los cuerpos que allí han sido trasladados. La JEP solo encontró clasificados restos que parecían provenir del cementerio de Orobajo (de Sabanalarga) y no los cuerpos procedentes de los cementerios de Barbacoas (Peque) y La Fortuna (Buriticá), aunque en la audiencia de octubre la antropóloga de esta Universidad, Timisay Monsalve, afirmó que se habían trasladado restos desde estos cementerios.

En el Auto 076 de 2019, que ordena la medida cautelar, se afirma que entre los restos que presuntamente provienen de Orobajo había “varias cajas contenedoras de cuerpos esqueletizados con el rótulo de ‘DISPERSOS’. Cajas que contienen partes de cuerpos que corresponden a varios individuos, pero sin que exista registro alguno con nivel de certeza, del número de individuos a los cuales pertenecían”.

La primera inspección hecha en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia también le permitió a la JEP constatar que allí están cuerpos esqueletizados provenientes del cementerio El Universal de Medellín. Sobre este camposanto se evalúa tomar medidas cautelares porque en ese lugar podrían encontrarse restos de personas desaparecidas de la comuna 13. En ese sentido, esta jurisdicción ordenó, mediante el Auto 072 de 2019, realizar una segunda inspección en la Universidad de Antioquia para incluir los restos encontrados provenientes de El Universal. Esta inspección se hizo el pasado 30 de octubre.

En esta segunda inspección se encontró que el 23 por ciento de los cuerpos provenientes del cementerio El Universal son de personas cuya muerte, posiblemente, fue por lesiones de causa externa, en forma violenta. Es por esta razón que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP decidió decretar la medida cautelar de protección sobre cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia.

En el auto que ordena el sellamiento de esta parte del laboratorio también se vincula formalmente al trámite de las medidas cautelares a la Universidad de Antioquia. Además, entre otras disposiciones, se ordena al Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) la elaboración técnica de un inventario general de los cuerpos hallados en este laboratorio, y un plan de trabajo y protocolo que permita la organización de los cuerpos no identificados que puedan corresponder a víctimas del conflicto armado.

Antecedentes

El 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios —dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete familiares de desaparecidos—le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales “se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado”. Entre estos lugares se encuentra la Comuna 13 de Medellín y la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.

Frente a esto, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP avocó conocimiento de esta solicitud y corrió traslado a varias instituciones públicas y privadas de los ámbitos nacional, regional y local. Así mismo, le solicitó al Movice ampliar la información suministrada con el fin de “poder determinar, con la mayor certeza posible, los lugares de efectiva inhumación, los niveles de riesgo naturales o por acción humana, y avanzar hacia la toma de las decisiones más convenientes que tengan en cuenta con leit motiv los derechos de las víctimas”.

Esta es la primera medida cautelar que se toma en el marco de este trámite. Sobre el tema también se han realizado dos audiencias para ampliar la información. La primera, sobre la Comuna 13 de Medellín, tuvo lugar el pasado 17 y 18 de julio, donde se decretaron varias diligencias judiciales. La última de ellas se realizó el pasado 31 de octubre en los terrenos conocidos como La Escombrera y La Arenera de la Comuna 13, donde se hizo un levantamiento detallado del terreno con el apoyo de la Policía Nacional. La segunda audiencia, sobre la zona de influencia de Hidroituango, fue el 8 y 9 de octubre.?