Las organizaciones latinoamericanas subestiman el impacto del fraude -ya que sólo 31% de las mismas declaran haber detectado casos durante el último año-, afirma la firma consultora BDO en su informe Mapa del fraude corporativo en América Latina 2018/2019.

El estudio, que se realizó con el propósito de entender este fenómeno y advertir a las empresas para evitarlo, analizó las opiniones de los1.554 entrevistados, que en su mayoría ocupan roles directivos en sus organizaciones.

BDO, así mismo, concluye en su informe que las principales causas del fraude corporativo en la región se deben, en un 61% a la deficiencia de control interno en primer lugar; en segundo lugar a una pobre supervisión por la gerencia o la alta dirección, en 50% de los casos; y en tercer lugar, a la falta de personal calificado en la supervisión de controles, con 42%.

Estos hallazgos forman parte de la investigación que se adelantó en empresas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Con respecto a los costos, el Mapa del fraude corporativo en América Latina 2018/2019 encontró que este flagelo generó 1.5 millones de dólares de pérdidas en promedio durante el 2018 para cada empresa y que el 22% de las organizaciones involucradas en fraudes perdieron hasta 10.000 dólares, el 20%, entre 10.000 y 50.000 dólares, el 22%, entre 50.000 y 100.000 dólares, el 12%, entre 100.000 y 500.000 dólares y el 5%, registraron pérdidas por más de 500.000 dólares.

Frente a estas pérdidas millonarias, el estudio estableció los perfiles típicos de los perpetradores encontrando que en América Latina se identi?can cuatro tipos consolidados de defraudadores. El grupo más significativo incluye a personas de 31 a 40 años de edad con 2 a 5 años de antigüedad en la organización, que tienen un título universitario, y son en su mayoría hombres.

Así mismo, el Mapa del fraude corporativo en América Latina 2018/2019, quiso conocer los programas antifraude y anticorrupción presentes en la región, llegando a la conclusión que estos deben obedecer a un sistema robusto de controles como un elemento disuasorio, así como la adopción de mecanismos de prevención, detección y respuesta frente al fraude corporativo.

En este sentido, el programa más aplicado es el código de conducta, en 67% de las empresas; la auditoría interna en 59%; los canales de denuncia anónimos, en 50%; el análisis de riesgos de fraudes, en 35 %; la capacitación anual, en 31 %; la debida diligencia de integridad, en 29%; el protocolo de investigación, en 19%, los indicadores de fraude, en 16% y los controles antifraude en 12%.

Un factor que llama la atención en el estudio es el bajo porcentaje de verificación de datos para estos cargos de responsabilidad (y posibles defraudadores), encontrando que en 59% de los casos no se realizó un proceso de Due Diligence reputacional y que los procesos de verificación que se usaron, fueron el estudio de antecedentes penales, en 79%, el pedido de referencias de empleos anteriores, en 64%, la verificación de antecedentes, en 41%, las consultas en bases de datos públicas, en 41% y el backgroud check, realizado por un tercero, con 5%.

CONSECUENCIAS PARA DEFRAUDADORES

Aunque, Colombia, Argentina, Brasil, México, Perú y Chile cuentan, en la región, con regulaciones anticorrupción, la desvinculación de los defraudadores es la medida más común, en 69%, según los conceptos de los encuestados. Fuera de esta, las medidas tomadas frente al fraude son la denuncia judicial, policial o ante el ministerio público, con 45%, los cambios en los procesos y sus controles, en 59%, las sanciones internas con 32%, y el intento de recuperación de los bienes, en 18%.

Todas estas cifras del Mapa del fraude corporativo en América Latina 2018/2019, se hacen más relevantes teniendo en cuenta que el estudio de BDO indagó entre un gran espectro de industrias cuyos porcentajes corresponden en 14% a bancos y seguros, 12% a la industria, 3% a la salud, 4% a los alimentos, 6% a la construcción, 5% a las comunicaciones, 13% al comercio, 2% al sector de hotelería y turismo, 3% al de logística, 5% al de gobierno y sector público, 2% al de petróleo y gas, 1% al de minería, 1% al de servicios públicos, el 5% a ONGs, 4% al agrícola y 20% al de servicios.

Finalmente, es importante destacar que este análisis, encabezado por Rolf Stern, Socio y Director General del Grupo BDO Ecuador, y Fernando Peyretti, líder de Prácticas Forenses sobre Fraudes, Investigaciones y Disputas de BDO Argentina, tuvo en cuenta los estudios conjuntos entre la OCDE, la CEPAL y la CAF que observan la creciente desconexión entre los ciudadanos y las instituciones públicas a lo largo en toda Latinoamérica.

Estos estudios de las tres instituciones analizan la caída en el nivel de confianza de los ciudadanos para con las instituciones, la debilidad del nexo entre el Estado, los ciudadanos y el mercado, y el deterioro de las estructuras de gobernanza, factores que permiten mayores niveles de impunidad en toda la región.