Ratifican orden al gobierno nacional y a la alcaldía de Pereira para solucionar hacinamiento en 3 cárceles locales
–El Consejo de Estado ratificó la orden judicial impartida al municipio de Pereira, a las autoridades carcelarias y al Gobierno Nacional para solucionar los problemas de hacinamiento, salubridad y violación de derechos e intereses colectivos de los que vienen siendo víctimas los reclusos de la “Cárcel 40”, el Reclusorio de Mujeres de Pereira “La Badea” y el de Varones de Santa Rosa de Cabal (Risaralda).
La alta corte ratificó así la acción popular por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda protegió los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y salubridad públicas que invocaron los detenidos.
Esta determinación obliga al Ministerio de Justicia, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), al Municipio de Pereira y al Departamento de Risaralda a tomar las medidas administrativas y presupuestales necesarias para que cese la vulneración de los derechos colectivos, en un plazo de 18 meses. Así lo determinó el Consejo de Estado, al ampliar a seis meses más el término que le había otorgado el Tribunal a las entidades accionadas para solventar la crisis.
En el expediente se incorporaron pruebas que indican que, por ejemplo, la ‘Cárcel 40’ tiene capacidad para 680 reclusos, pero tiene una población de 1.278, mientras el Reclusorio de Mujeres tiene a 382 reclusas, pese a que su capacidad es de 305. Por esa razón, aunque se aportó prueba de la adjudicación de un contrato por 131.000 millones de pesos para construir la Cárcel Regional de Pereira, el Consejo de Estado consideró que no es suficiente para considerar que la vulneración de los derechos haya cesado.
Además, se evidenciaron problemas en el suministro de agua; en el funcionamiento de los sanitarios; presencia de plagas de insectos y roedores; problemas de discriminación por motivos de orientación sexual y diversidad de género; déficit en atención en salud y se seguridad, ocasionada por continuas riñas, entre otras dificultades ocasionadas por la crisis que se vive en estos penales.
Para verificar el cumplimiento de la acción popular, el ministro de Justicia, el director Regional del INPEC, el director de la USPEC, el acalde de Pereira y el gobernador de Risaralda deberán conformar un comité, quienes al término de 12 meses contados desde la ejecutoria de esta sentencia deben rendir un informe sobre los planes adoptados para cumplir la providencia.