–La construcción de las obras de control de inundación para mitigación del riesgo y recuperación ambiental del río Bogotá, denominadas áreas multifuncionales, es el objetivo principal del convenio interadministrativo que firmaron la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

El convenio que fue firmado entre Eduardo José González Angulo, director General de la UNGRD y Carlos Bello Quintero, director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la CAR Cundinamarca, busca aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para adelantar la construcción de las obras que se dan en el marco del Macroproyecto Río Bogotá, para contribuir al logro del saneamiento ambiental del este importante afluente hídrico.

Para la ejecución de este proyecto que implica el desarrollo de áreas multifuncionales se tuvo en cuenta la tendencia actual de darle a los ríos un manejo multipropósito, buscando un balance entre los usos y beneficios propios de los ríos, lo que permitirá:

La constitución de zonas inundables controladas en la cuenca media, de tal forma que se disminuya el riesgo de inundación en la cuenca baja del río Bogotá.

Se beneficiarán con la ejecución de este proyecto, 1.472.000 habitantes (aproximadamente) por la minimización del riesgo por inundación.
La generación de energía, suministro de agua y agricultura con la protección y potenciación del hábitat ribereño, de la calidad del agua, y de los usos recreativos, ambientales, paisajística y estéticos del mismo.

Todas las áreas, por sus características físicas, tienen dos vocaciones, funcionarán principalmente como zonas de amortiguación que permitirán realizar una regulación de caudales en época de lluvias o cuando se presenten crecientes súbitas en el río Bogotá y a su vez cuentan con una vocación ambiental permitiendo la conservación y preservación de la flora y fauna que habita en estos lugares.

Se constituirán áreas de refugio de flora y fauna silvestre, con el fin de generar procesos de restauración ambiental en el río Bogotá.
Este será un proyecto pionero e innovador en el país, pues es la primera vez que dos entidades aúnan esfuerzos para mitigar riesgos por inundación en concordancia con los procesos ecológicos de las fuentes hídricas.

“Con este convenio ser van a intervenir 5 zonas a lo largo de 117 hectáreas, exclusivamente para el control de inundaciones. Dos de las zonas se van a manejar técnicamente con exclusas, canales y compuertas para inundarlas de forma controlada y así poder amortiguar los excesos de agua en la temporada de lluvias, y en las otras 3 zonas se va a realizar el proceso por gravedad. Con estas obras vamos a beneficiar 1.500.000 habitantes y a la flora y fauna del territorio, lo que nos tiene muy complacidos de ayudar en este proyecto que presenta la CAR y en el que la UNGRD va a ejecutar sus obras durante 30 meses con un costo aproximado de $42 mil millones”, aseguró Eduardo José González Angulo, director General de la UNGRD.

El desarrollo de las obras identificadas en el proyecto, comprende un total de 5 áreas que compromete alrededor de 117 hectáreas, las cuales serán destinadas para inundaciones controladas y recuperación y restauración ambiental del río Bogotá. Estas áreas tienen como propósito aumentar la capacidad hidráulica del río, ya que forman meandros o madre viejas las cuales están situadas en las siguientes zonas: Meandro Canoas – Indumil, Área Ogamora, Parque Vuelta Grande, zonas bajas de compensación Salitre y área filtro de humedales.

“Las obras que se van a ejecutar en el marco de este convenio son complementarias a las que ya se están adelantado para la limpieza del río Bogotá, y se unen a los esfuerzos que se vienen realizando tanto en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre, como en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas”, señaló Aníbal Acosta, director del Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Río Bogotá (FIAB) de la CRA de Cundinamarca.

Para la ejecución de este convenio, se destinaron más de 42.300 millones de pesos, que se dispondrán entre las dos entidades, en un plazo de ejecución de 30 meses contados a partir de la adjudicación del proceso contractual.