Este jueves, 12 de diciembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentará los principales logros alcanzados en sus casi dos años de funcionamiento. Esta rendición de cuentas tendrá lugar en el salón Águila Andina, del Centro de Convenciones José Eustasio Rivera de Neiva, desde las 2:00 p.m.

Ante organizaciones de víctimas, autoridades locales y demás asistentes, la JEP anunciará la apertura de una nueva oficina en la ciudad de Neiva, que se sumará a las tres territoriales que están funcionando desde 2019 en Cúcuta, Pasto y Corozal (Sucre).

Al igual que en estas sedes, en Neiva la Secretaría Ejecutiva de la JEP brindará acompañamiento psicosocial y atención jurídica a las víctimas y asesoría jurídica y psicológica a los comparecientes, a través del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD). Igualmente, facilitará la práctica de diligencias y la investigación e inspección de procesos que estarán a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.

En estos dos años de funcionamiento, la JEP ha abierto siete grandes casos, el Caso 01 de secuestro por parte de las Farc EP, el Caso 02 sobre la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, el Caso 03 sobre ‘falsos positivos’, el Caso 04 sobre la situación territorial de Urabá, el Caso 05 en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, el Caso 06 sobre victimizaciones de la Unión Patriótica y el Caso 07 sobre reclutamiento y utilización de niños y niñas en el marco del conflicto armado.

Esta rendición de cuentas se lleva a cabo en Neiva, en consideración a las graves afectaciones del conflicto armado que ha vivido esta región del país. Solo en el Caso 01, conocido como el de secuestro, ya se han acreditado 49 personas con residencia en el departamento del Huila. Dentro de este Caso, también han presentado informes los excongresistas huilenses Jorge Eduardo Gechem Turbay, Orlando Beltrán, Consuelo González de Perdomo, Gloria Polanco y el exconcejal Armando Acuña.

La JEP en cifras

A la fecha 12.168 personas se han sometido a la JEP, entre estos se encuentran 9.713 integrantes de las antiguas Farc EP, 2.375 de la fuerza pública, 68 agentes de Estado no miembros de la fuerza pública y 12 personas por protesta social.

Dentro de los siete macrocasos abiertos los comparecientes ya han rendido más de 200 versiones, y se han acreditado 1.701 víctimas de secuestro, el pueblo Awá y su territorio en el Caso 02, 5.000 familias del Urabá en el Caso 04, y cerca de 400 víctimas de ‘falsos positivos’ en el Caso 03.

En 2019, la JEP contó con un presupuesto de 292.000 millones de pesos para cumplir la labor de investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes ocurridos en el marco del conflicto armado.

La JEP en los territorios

La gestión de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, como órgano que soporta toda la administración de la entidad, gestiona el talento humano, administra los recursos presupuestales, físicos y tecnológicos, se ha destacado por garantizar los derechos de participación y acceso a la justicia de las víctimas.

Esto se ha logrado gracias a la ampliación de la presencia territorial de la JEP con un equipo de 20 enlaces territoriales, 10 grupos territoriales y 3 oficinas en territorio (Corozal, Cúcuta y Pasto).

También, la Secretaría Ejecutiva de la JEP ha garantizado la centralidad de las víctimas con la consolidación del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) que realiza la representación judicial y el acompañamiento psicosocial a las víctimas. Además, el Departamento de Atención a Víctimas la JEP cuenta con 38 profesionales de atención a víctimas (abogados y psicólogos) en los territorios.

Con el ánimo de garantizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de los comparecientes, el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) tiene presencia en 20 territorios del país. Asimismo, la JEP está trabajando en las Medidas Reparadoras y Restaurativas que tienen como propósito certificar los Trabajos, Obras y Acciones Reparadoras (TOAR) que deben realizar los comparecientes sometidos a la Jurisdicción, tal como lo estableció el Acuerdo de Paz. Estas medidas tienen en cuenta los enfoques diferenciales y de género que inciden en la vida de las víctimas.

Además, la Secretaría Ejecutiva garantizó la consulta previa con pueblos y comunidades étnico-raciales alrededor del país en coordinación con la Comisión Étnica de la JEP.

Gestión administrativa

Gracias a la gestión de la Secretaría Ejecutiva, también sobresalen los siguientes avancen en la Jurisdicción:

• 414 actividades en las diligencias judiciales llevadas a cabo por las Salas de Justicia y el Tribunal de Paz en 20 departamentos del país.

• El desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras para implementar los sistemas de gestión judicial, documental y de medios que permitirán más acceso, más seguridad y transparencia en la JEP en el propósito de lograr una justicia digital.

• El diseño e implementación del Modelo de gestión de la JEP que optimiza la labor al interior de la entidad enfocada a lograr su misión de administrar justicia.

• Gracias a la gestión de la Secretaría Ejecutiva, la JEP tuvo excelentes resultados en la auditoría general y en los informes de la Contraloría General de la Nación, y cada vez más avanza en la mejora de sus procesos administrativos.

Avances de la UIA

La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP ha adelantado 3.898 comisiones judiciales que son el soporte en la administración de justicia para los casos priorizados por la JEP.

En el mismo periodo, la UIA ha tenido una interlocución directa con 6.683 víctimas de 13 departamentos, en cerca de 40 municipios del país, con la participación de 24 organizaciones defensoras de derechos humanos, derechos de las mujeres, organizaciones de víctimas de violencia sexual, defensoras de derechos de niños, niñas y adolescentes y campesinas.

Este trabajo con las víctimas ha permitido el diseño y construcción de protocolos de comunicación de las víctimas con la JEP, como la construcción conceptual del Manual de Investigación de Hechos de Violencia Sexual de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los autos de la Corte Constitucional y las recomendaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Toda la Jurisdicción está comprometida con la búsqueda de la verdad, la dignificación de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes, para la construcción de una paz estable y duradera.