Al menos dos personas murieron este jueves en la India en las protestas multitudinarias registradas en varias ciudades contra una polémica enmienda legal que excluye a los inmigrantes musulmanes de la vía a la ciudadanía.

Las dos muertes se registraron en la ciudad de Mangaluru, del estado de Karnataka, en el sur de país, indicaron medios locales y el partido BJP, la formación del Gobierno nacionalista hindú del primer ministro, Narendra Modi.

En estas protestas, celebrada pese a las prohibiciones de reunión impuestas por las autoridades, más de una veintena de persona resultaron heridas y más de un millar fueron arrestadas, entre ellas prominentes intelectuales y activistas.
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“Hoy dos personas murieron en las violentas protestas que tuvieron lugar en Mangaluru, Karnataka”, indicó el BJP que acusó al opositor Partido del Congreso, la histórica formación de la dinastía Nerhu-Gandhi, de promover la violencia en el país.

Una tercera muerte se registró en la ciudad de Lucknow, la capital del estado de Uttar Pradesh (norte), pero la policía regional dijo a la prensa que no podía precisar si este suceso estaba directamente relacionado con las manifestaciones.

En la jornada de este jueves, una de las más violentas tras más de una semana de protestas, se llevaron a cabo manifestaciones en las ciudades de Bombay, Calcuta, Lucknow, Thiruvananthapuram, Bangalore, Mangaluru, Hyderabad y la capital del país, Nueva Delhi, entre otras.

Las protestas, que reunieron a miles de personas, se celebraron pese a la prohibición de las autoridades a manifestarse y a los cortes de los servicios de comunicación en varias partes de la capital.

Aunque la mayoría de la manifestaciones se llevaron a cabo de forma pacífica, algunas se tornaron violentas y acabaron en enfrentamientos con la policía que reprimió a los manifestantes con gases lacrimógenos.

Las protestas comenzaron el lunes de la semana pasada cuando el Gobierno de Modi presentó en el Parlamento una enmienda a la ley de ciudadanía que permitiría regularizar a los inmigrantes procedentes de Afganistán, Pakistán y Bangladesh llegados al país antes de 2014 y pertenecientes a las religiones hindú, sij, budista, jain, parsi y cristiana.

La norma, aprobada en tres días por el órgano bicameral, provocó el rechazo de buena parte del país que la encuentra contraria al espíritu laico de la nación y discriminatoria hacia los musulmanes.