–La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos hizo un nuevo llamado este miércoles a todos los actores políticos en Venezuela a que retomen las negociaciones para alcanzar una solución a la crisis política y económica del país y para “devolver la esperanza a la población”.

En una sesión informativa del Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet recordó que 2020 será un año electoral en Venezuela y afirmó que “es crucial garantizar las libertades públicas que son fundamentales para crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficas”.

A este respecto, dijo que su Oficina “ha seguido documentando actos y casos de restricción de libertades públicas, limitando el espacio cívico-democrático”.

Detenidos y excarcelados
Bachelet presentó una actualización oral sobre la situación de las garantías fundamentales en el país sudamericano en la que dio cuenta del trabajo de su Oficina en el terreno y agradeció la apertura y colaboración de las autoridades venezolanas, que autorizaron la presencia de dos oficiales de derechos humanos en el país con acceso a todo el territorio, incluyendo los centros de detención.

Agregó que estos trabajadores han entrevistado confidencialmente a 70 detenidos y han documentado 118 casos de personas privadas de libertad que requieren una respuesta urgente por motivos de salud o retrasos judiciales y solicitó acceso a los centros de detención de los servicios de inteligencia civil y militar.

Destacó, por otro lado, la excarcelación en septiembre y octubre de 28 personas que estaban detenidas por motivos políticos y pidió liberar a quienes permanecen privados de la libertad por ese tipo de razones.

En su alocución, Bachelet indicó que el gobierno ha solicitado a los relatores especiales sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales y sobre el derecho al desarrollo que visiten el país en 2020.

Situación económica
Al abordar la situación económica y social de la población, la Alta Comisionada afirmó que sigue afectando los derechos de la población y detalló que, pese a que en los últimos meses ha habido una mejoría del abastecimiento de alimentos, “tan sólo una minoría de la población con acceso a divisas puede cubrir regularmente los altos precios de los alimentos debido a la hiperinflación y la dolarización de facto de la economía”.

Sostuvo que si bien el gobierno decretó un aumento del 375% al salario mínimo, éste ha perdido poder adquisitivo frente a la canasta básica alimentaria en un 72,5% desde principios de año.

Asimismo, señaló que las recientes sanciones económicas siguen impactando negativamente la economía y los servicios públicos a todos los niveles, y pidió más información oficial detallada para “determinar el alcance preciso de las sanciones en la implementación de los programas sociales”.

Violencia
Bachelet reiteró su preocupación por los niveles de violencia “que en los últimos meses también alcanzaron a líderes políticos locales, como lo ilustran los asesinatos del ex concejal opositor Edmundo “Pipo” Rada Angulo y del ex gobernador oficialista Johny Yáñez Rangel”.

Agregó que de agosto a la fecha su Oficina ha documentado alegaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales “por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales, principalmente en contra de jóvenes varones, en el contexto de operativos de seguridad en barrios marginales”.

Migrantes
Sobre los migrantes, la Alta Comisionada refirió que 4,7 millones de venezolanos habrían abandonado el país y que las proyecciones indican que esa cifra llegaría a 6,5 millones para fines de 2020.

Me preocupa el incremento de la migración irregular debido, por una parte, a los mayores requisitos de ingreso a algunos países de tránsito y destino, pero también, por las dificultades que las personas venezolanas están enfrentando en obtener su documentación de viaje”, acotó.

Finalmente, Bachelet refrendó el compromiso de su Oficina de contribuir a mejorar los derechos humanos en Venezuela e insistió en la importancia de ampliar la presencia de la misma para avanzar la agenda de las garantías fundamentales en el país.