Uber, plataforma de alquiler de vehículos con conductor y la empresa de entregas Postmates presentaron una demanda contra el estado de California, en Estados Unidos, afirmando que una nueva ley que trataría a los contratistas de la «economía gig» como empleados es inconstitucional.

La norma, que debe entrar en vigor el miércoles próximo, implicaría que bajo ciertas condiciones contratistas independientes sean clasificados como empleados y reciban el salario mínimo y los beneficios de salud correspondientes. Ello incluiría a conductores de Uber y Postmates.

«Los demandantes buscan proteger sus derechos constitucionales y defender su libertad fundamental de trabajar como proveedores de servicio independientes y como compañías tecnológicas en la economía bajo demanda», detallan en la demanda presentada el lunes y publicada en línea por la cadena CNBC.

Uber advirtió antes este año que se opondría a cualquier cambio de estatus de sus conductores, lo que aumentaría los costos de las responsabilidades sociales de la compañía.

En la demanda, Uber y los otros querellantes afirman que la ley se afinca en los proveedores de servicio independientes mientras que deja de lado a los vendedores, los agentes de viaje, los conductores de camiones de construcción o los pescadores.

«No hay razón para estas excepciones sin sentido», señalaron.

Uber y su rival Lyft han reservado cada uno 30 millones de dólares para promover un referendo, autorizado por las normas californianas, para sustituir la ley con un compromiso de derechos sociales que presentaron al gobernador del estado, Gavin Newsom.

Los conductores están divididos entre quienes quieren los mismos beneficios que los empleados y quienes disfrutan la flexibilidad de escoger las horas del día en que trabajan.