El gobierno transitorio de Bolivia activó una «orden de apremio internacional» contra el expresidente Evo Morales, asilado en Argentina, para evitar su participación en un foro de derechos humanos en Chile, informó este miércoles el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.

«Hemos dado orden para la activación en la Interpol de la orden de apremio internacional que hemos sacado contra Evo Morales por la noticia de Chile», dijo Murillo en rueda de prensa.

El ministro aludía a un tuit del senador de derecha chileno Iván Moreira, quien el martes anunció que Morales tiene previsto asistir este mes a un foro de derechos humanos en Chile, junto a su abogado, el exjuez español Baltazar Garzón.

Murillo dijo que la orden activada este miércoles es para evitar que Morales, quien tiene una intensa actividad política en su asilo, «pueda estar andando como Pedro por su casa» en la región.

El exmandatario, que gobernó Bolivia casi 14 años, dimitió en noviembre en medio de protestas tras denuncias de fraude en las elecciones que le dieron el triunfo para un cuarto mandato.

A fines de ese mes la justicia boliviana activó una «notificación azul» en la Interpol para que fuera investigado en México, donde se asiló tras renunciar, antes de instalarse en Buenos Aires.

El gobierno le abrió entonces varios procesos ante la justicia por sedición, terrorismo y daños económicos al Estado, entre otros.

Murillo instó al exmandatario a regresar al país. «Lo estamos esperando al señor Evo Morales, que venga a Bolivia, acá están las esposas (manillas, que muestra a la prensa), lo vamos a llevar a (la cárcel de) Chonchocoro, y no por política, no por persecución, por terrorista», señaló.

Según el gobierno, Morales está «dando órdenes desde Argentina» para convulsionar el país.

En la misma rueda de prensa, Murillo presentó a una mujer -de quien dijo es allegada al exministro Juan Ramón Quintana, hombre fuerte de Morales- que había sido detenida horas antes cuando intentaba viajar hacia Argentina con 100.000 dólares en efectivo. «Nosotros presumimos que es para financiar al terrorismo», explicó.

El ministro, que aseguró que la detenida, María Palacios, trabajó en la petrolera venezolana PDVSA, acusó a Caracas de «financiar el narcoterrorismo» en Bolivia y otros países de la región.