El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, anunció este lunes nuevas medidas para la protección de excombatientes de las Farc, y reiteró que en el país no debe haber duda alguna sobre la voluntad y el nivel de compromiso del Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez con la seguridad de esta población en proceso de reincorporación.

“Hay un mensaje que no puede tener ninguna duda: la voluntad decidida y férrea del Presidente Iván Duque de trabajar para la protección de todos los excombatientes que están dentro de su proceso de reincorporación”, enfatizó el Consejero Archila, quien agregó: “El nivel de compromiso que tiene este Gobierno con la protección de todos los excombatientes es el máximo posible”.

Este planteamiento lo hizo el funcionario en declaración a medios periodísticos, luego de una reunión de la Mesa de Articulación para la Seguridad de la Población en Reincorporación, la cual se realizó en la Casa de Nariño, y a la que asistieron delegados de los Ministerios de Defensa y del Interior, la Fiscalía General, el Ejército, el cuerpo élite de la Policía y la Unidad Nacional de Protección, entre otras entidades.

El Consejero agregó que se están aplicando medidas de protección para más de 8.900 excombatientes que están por fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en 522 municipios, en lo que se conoce como población dispersa de excombatientes.

“Esperamos unas mejoras sustanciales en la protección de quienes están en proceso de reincorporación. Nos preocupa profundamente que se alteren los procesos de retorno a la vida civil a quienes le aportaron a la legalidad. No podemos tolerar que el narcotráfico y los grupos ilegales comprometan la vida de los colombianos”, enfatizó el Consejero.

Las nuevas acciones

En la sesión de la Mesa de Articulación para la Seguridad de la Población en Reincorporación se acordó:

1. Celebrar reuniones de la Mesa Interinstitucional en las regiones, inicialmente en la ciudad de Florencia (Caquetá).

2. El fortalecimiento de los cursos de autoprotección con los excombatientes en los territorios.

3. En los 522 municipios en los que se registra población dispersa de excombatientes, impulsar, por medio de la Policía Nacional, los planes de apoyo y de protección para excombatientes, el contacto permanente entre estos y los uniformados.

4. Mejoramiento de los filtros de información con el partido Farc para facilitar el acercamiento a los excombatientes en acciones de seguridad.

5. Impulsar las alertas tempranas de toda la institucionalidad.

6. Articulación de acciones con las autoridades regionales, para lo cual se va a realizar una reunión el 5 de febrero con 180 alcaldes y más de 20 gobernadores, de los municipios y departamentos donde más se concentra la población de excombatientes.

7. Instalación de circuitos cerrados de televisión para la seguridad en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y mejoramiento de su conectividad y medidas para agilizar los estudios de riesgos y amenazas.

8. Pedir a la Unidad Nacional de Protección (UNP) la revisión del tipo de medidas de protección para la población priorizada y sus condiciones específicas.

9. Recomendar a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) acelerar la definición y ejecución de la ruta de reincorporación para las personas y en los municipios priorizados, e intensificar el contacto de los facilitadores con ellas.

10. Priorizar el trámite de denuncias de amenazas y solicitudes de protección que correspondan en los 22 municipios identificados con mayor proclividad a la reincidencia de afectaciones contra excombatientes y a los 36 municipios con alta proclividad a la ocurrencia.