–Bajo la premisa de que la JEP no puede convertirse en un escampadero de corruptos, el Procuraduría General de la Nación Fernando Carrillo apeló ante la Jurisdicción Especial para la Paz la aceptación de sometimiento del excongresista Musa Besaile Fayad.

El jefe del ministerio público advirtió que como lo ha señalado reiteradamente la Procuraduría frente a las solicitudes de sometimiento a la JEP del excongresista Álvaro Ashton, el general (r) Miguel Maza Márquez y el exsenador Alberto Santofimio Botero, las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz no pueden ser vulneradas para intentar burlarse de la justicia y la sociedad y pretender cubrir con un manto de impunidad delitos que no tienen relación alguna con el conflicto.

El 16 de enero de 2020 la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se pronunció sobre el sometimiento presentado por Besaile Fayad, en calidad de agente del Estado no miembro de la Fuerza Pública, dentro de los procesos que adelanta la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, bajo los radicados 2700 y 52196.

El expediente 52196, abierto por los presuntos delitos de peculado por apropiación y cohecho, tiene origen en diálogos grabados en Miami, en desarrollo de un proceso federal adelantado por autoridades estadounidenses, donde el abogado Leonardo Pinilla Gómez le habría comentado al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, que por intermedio del también abogado Luis Gustavo Moreno, el senador Musa Besaile habría pagado una suma importante de dinero para ser favorecido en un proceso penal adelantado en su contra por la Corte Suprema, que el país conoció como el “Cartel de la Toga”.

Un porcentaje de ese dinero correspondería a comisiones de contratos suscritos por la Gobernación de Córdoba, entregadas al congresista hacia febrero de 2015 por el entonces gobernador Lyons Muskus, en lo que se ha conocido como el “Cartel de la Hemofilia”, proceso en que la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad por 13 años para ejercer cargos públicos, al exmandatario por recibir dinero para mantener a un contratista como prestador de servicios de salud para pacientes con hemofilia. Así mismo, por irregularidades en el pago de medicamentos a pacientes con hemofilia y/o von Willebrand fueron sancionados con suspensión de 11 meses el exgobernador de Córdoba, Edwin José Besaile Fayad, y con destitución e inhabilidad general por 13 años el exsecretario de Desarrollo de la Salud, José Jaime Pareja Alemán.

Para la Procuraduría estas conductas punibles, constituyen hechos de corrupción administrativa, que no deben ser de competencia de la JEP, porque no tienen ninguna relación con el conflicto armado interno.

Bajo estos argumentos, en los próximos días el Procurador Tercero Delegado con funciones de Intervención ante la Jurisdicción Especial para La Paz sustentará el recurso de apelación a la aceptación de sometimiento de Besaile Fayad.

Al igual que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría cree que los delitos comunes que terceros pretendan someter a conocimiento de la JEP, deben tener una conexidad material y directa con el conflicto armado y cumplir con los siguientes criterios de conexidad: i) Que el delito común no se cometa en beneficio personal, ii) Que el delito común tenga una conexidad material con los delitos propios del conflicto, iii) Que el delito común signifique un aporte verificable, material o moral, al esfuerzo general de guerra de uno de los actores del conflicto o en la conducción de hostilidades.

Ni los hechos asociados al “Cartel de la Toga” ni las conductas relacionadas con el “Cartel de la Hemofilia”, que son casos de corrupción administrativa, cumplen con los requisitos exigidos para ingresar a la JEP.

“La JEP no puede dejarse convertir en un escampadero de corruptos”, sentenció el Procurador General Fernando Carrillo Flórez.