La Procuraduría General sancionó con destitución e inhabilidad general permanente al entonces gerente del Hospital Universitario Departamental San Juan de Dios, Empresa Social del Estado (ESE), Jairo López Marín (junio 2012-marzo 2016), por el manejo irregular de medicamentos por valor de $290.500.148.

El Ministerio Público demostró que de manera sucesiva entre enero de 2015 y marzo de 2016, el funcionario ordenó a dos subalternos el retiro de medicamentos, insumos y dispositivos médicos para ser entregados con fines proselitistas en los comicios del 25 de octubre de 2015, y a pacientes que él recomendaba.

También se evidenció que López Marín utilizó su cargo para participar en las actividades de partidos y movimientos políticos, y llevar a cabo brigadas de salud en beneficio de candidaturas a la gobernación del Quindío, la Alcaldía de Armenia y a otras corporaciones públicas.
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La Procuraduría comprobó que el exrepresentante legal de la entidad hospitalaria presionó a subalternos a respaldar campañas políticas.
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Además, valiéndose de su cargo y jerarquía, el disciplinado consiguió actuaciones que generaron beneficios para terceros.

Entre las normas transgredidas se citó la Ley 734 de 2002 que establece como falta de todo servidor público “influir en otro servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación o relación derivada de su función o jerarquía para conseguir una actuación (…) que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier orden para sí o para un tercero (…).

En la decisión de primera instancia las faltas fueron calificadas como gravísimas cometidas con dolo.

El ente de control compulsó copias a la Procuraduría Regional Quindío, a fin de iniciar o continuar por separado en los casos en que la acción no haya prescrito contra otros funcionarios y contratistas, por su presunta responsabilidad disciplinaria.