Por: Luis Eduardo Forero Medina
Paralelamente a la seguridad que prestan las naciones a la ciudadanía, en el mercado global con ese fin surgió la vigilancia y seguridad privada que en la actualidad predomina en Norteamérica con un 38% de participación, seguida de Asia Pacífico, Medio Oriente y África con un 16% y América Latina y Europa Oriental con un 7% de empresas que ofrecen servicios de guardias de seguridad, supervisores, escoltas, operadores de medios tecnológicos y manejadores caninos.
Para algunos investigadores este tipo de servicio apareció en Colombia en la segunda mitad del siglo XX por la necesidad de defenderse de ataques padecidos a personas o a sus propiedades, y posteriormente por iniciativa de personal militar retirado informalmente se creó ese tipo de servicio que comenzó a regularse en 1966, recién turbado el orden público, con el Decreto 1667, mediante el cual se dictó el Estatuto Orgánico de la Policía Nacional; sin embargo fue en 1993 con el decreto 2137, que dio vía libre a que se constituyeran empresas particulares nacionales para prestar el servicio remunerado de protección de bienes muebles o inmuebles, transporte de valores, escoltas y actividades similares, previa autorización del Ministerio de Defensa encargado de expedir las licencias, y siempre bajo el control directo de la Policía Nacional, cuerpo armado al que se facultó transitoriamente de otorgar licencias para prestar ese servicio por parte de Juntas de Acción Comunal, Comités Cívicos, Juntas Prodefensa y Unidades Residenciales en lugar público o abierto al público, bajo su supervisión y control. En 1994 a través del decreto ley 356 se dicta el Estatuto de Vigilancia y seguridad privada y se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, encargada hasta ahora de controlar y vigilar las empresas prestadoras de dicho servicio. Este sector podría ser uno de los más lucrativos en la economía mundial y colombiana, país donde ha sido creciente sus ingresos operacionales, pasando de $3.1 billones en 2007, a $7.5 billones en 2014, lo que corresponde a un crecimiento del 141.9% en 7 años entre 2010 y 2014, según la Superintendencia de Vigilancia. En 2017 el sector de la vigilancia privada reportó 9.29 billones en ventas, cerca del 1% del PIB de Colombia en ese año, generado por aproximadamente 800 compañías, la mayoría de vigilancia y en menor proporción son empresas de capacitación, cooperativas, compañías blindadoras, asesoras, arrendadoras, seguridad de prisiones, administradoras de peajes y 8 son empresas transportadoras de valores; que en su conjunto ocupan cerca de 3000.000 hombres y mujeres, regulados en su actividad por la ley 1920 de 2018, que se encuentra en proceso de reglamentación, particularmente los artículos 5 y 8 que se refieren respectivamente al seguro de vida colectivo y a las condiciones técnicas que deben cumplir las Instituciones Prestadoras de Salud IPS para la práctica del examen médico psicofísico para la tenencia y porte de armas.
Si bien es cierto que la vigilancia privada es calificada en la mayoría de países como una actividad de alto riesgo, en Colombia no està enmarcada así, y por el contrario su personal son catalogados “ciudadanos de tercera”, en los que predomina un “modelo de trato autoritario y despótico, característico de los cuarteles, como si los trabajadores estuviesen condenados sólo a recibir órdenes y no fueran ciudadanos sujetos de derechos”, como lo indicó la Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical. A finales de la legislatura del año pasado, en la secretaría general del Senado de la República se radicó el proyecto de ley 186 de 2019 que busca el reconocimiento de los derechos de esa población trabajadora y propone crear la Defensoría de los trabajadores del sector de vigilancia y seguridad privada.
Opacan el sector diversas circunstancias como las que tercerizan sus actividades; la ausencia de la normalización en las tarifas; la alianza en procesos de contratación estatal con diferentes entidades públicas, para actuar por esquemas de colaboración a través de frecuentes uniones temporales; la ausencia de capacitación a sus empleados, a los que al parecer les desconocen sus derechos laborales; la falta de diálogo social, como que apenas en el 3.37% de esas empresas en 2015 solo se habían firmado 12 convenciones colectivas y 13 pactos colectivos, y las centenares de entidades ilegales que no toman las pólizas legales, como las de responsabilidad civil extracontractual, que cubran los riesgos de uso indebido de armas de fuego u otros elementos. De hecho, el 30% de las empresas de seguridad privada en Colombia son ilegales que ofrecen tarifas inferiores a las empresas legales.
Con el propósito de dinamizar el sector, el año pasado se promulgaron normas que reglamentan las tarifas en las academias y escuelas de capacitación, amplian las licencias y renovaciones por el termino de 10 años a empresas de seguridad en cualquiera de las modalidades, empresas de transportes de valores y la credencial a asesores, consultores o investigadores, y de cinco años a los departamentos de seguridad, servicios especiales y los servicios comunitarios. Un debate que sigue en el orden del día es el presunto aumento en el mercado de empresas de vigilancia y seguridad privada extranjeras, que de acuerdo a la legislación nacional sòlo se permite su funcionamiento a aquellas constituidas antes de 1994.
@luforero4
