Para el Concejal Humberto Amín, es importante revisar el impacto de los proyectos de seguridad en Bogotá, pues a pesar que el porcentaje de ejecución de los recursos de inversión es alto, no se ven reflejado los resultados en la percepción de los bogotanos.

El Concejal Humberto Amín afirma que el balance de seguridad en Bogotá es preocupante, los recursos destinados para ejecutar los proyectos de la Secretaría de Seguridad no se ven reflejados en el mejoramiento de las cifras e índices de criminalidad, mientras tanto la percepción de inseguridad sigue presente en la ciudadanía.

“Si bien el porcentaje (92%) de ejecución es alto, la realidad de los bogotanos es de un escenario inseguro en el que no se pueden transitar las calles con la plena confianza de que no seremos víctimas de algún delito.” Infiere el Concejal

Para mejorar la percepción en los bogotanos, la Administración de la Alcaldesa Claudia López busca aumentar el número de URIs de 5 a 10 para el 2023, sin embargo, a pesar que las soluciones planteadas por la Alcaldía son coherentes, no resulta fácil llevar esto a la realidad en tema de recursos de presupuesto.

“La cifra necesaria para incrementar el pie de fuerza no tiene una fuente verificable de financiación. La Veeduría, en un informe de 2019, afirmó que serán necesarios 10.500 oficiales para cubrir el déficit de pie de fuerza de la ciudad y según el Ministerio de Defensa, preparar 1.000 uniformados cuesta aproximadamente 64.000.000.000 millones de pesos, lo que significa que, para capacitar a los 10.500 policías, el costo asciende a 672.000.000.000 millones de pesos, recursos con los que no contamos”.

Por otra parte, afirma que la Secretaría de Seguridad no está articulando de manera efectiva sus registros de información de delitos, las cifras no son claras y el único método de recolección de datos de la Entidad es el (SIEDCO) Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Controversial y Operativo.

Para el Concejal es necesario tener en cuenta el análisis de costo asociado a la propuesta de necesidad de aumentar el pie de fuerza, la infraestructura, el patrullaje en estaciones de Transmilenio así como las fuentes de financiamiento respectivas, priorizando además el manejo e interrelación de cámaras a partir de fenómenos delictivos y no solo de nivel poblacional.