Los asesinatos de casi 200 excombatientes de las FARC son una dificultad para la implementación del acuerdo de paz de Colombia con la desmovilizada guerrilla, pero algunas quejas sobre el avance del proceso de reincorporación a la sociedad están politizadas, dijo el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila.

El acuerdo de paz de 2016, que permitió la reincorporación a la vida civil de unos 13.000 exintegrantes de la exguerrlla de las Farc, enfrenta desafíos en su implementación, incluido el anuncio el año pasado de varios excomandantes de que volverán a la lucha armada por considerar que se incumplió el pacto.

De acuerdo con la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, desde la firma del acuerdo con las desmovilizadas Farc, 173 exintegrantes de ese grupo han sido asesinados.

“La seguridad de los excombatientes es una prioridad para el Gobierno del presidente Iván Duque”, dijo el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila.

“Esta es una labor a la cual le damos toda la importancia y estamos asumiendo con el máximo de responsabilidad que puede tener el Gobierno”, agregó.

Pero en una reciente carta, Rodrigo Londoño, más conocido con su antiguo nombre de guerra de “Timochenko” y quien es el presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) que surgió del acuerdo de paz, denunció que el gobierno no está haciendo lo suficiente para proteger a los excombatientes y que el proceso va hacia un “precipicio”.

“Es una carta política por parte de quien es el jefe de un partido político de oposición”, afirmó Archila al recordar que Naciones Unidas elogió los esfuerzos para la implementación del acuerdo.

“En algunas oportunidades yo creo que de buena fe ellos, algunos de ellos piensan que las cosas pueden ir más rápido”, dijo refiriéndose a la queja de la FARC de que la implementación avanza con lentitud.

Archila sostuvo que de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General la mayoría de los asesinatos han sido cometidos por grupos vinculados con el narcotráfico como las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales como el Clan del Golfo.

El funcionario sostuvo además que el apoyo de Venezuela a grupos armados ilegales complica los esfuerzos en la implementación del acuerdo de paz.

El Gobierno de Duque acusa a Nicolás Maduro de apoyar y suministrar protección en territorio venezolano a líderes de las disidencias de las FARC y del ELN, aunque el mandatario socialista lo niega.

“Nos hace la vida más complicada porque planean los ataques desde allá, los ejecutan, y después vuelven y se esconden”, concluyó Archila. Reuters