En desarrollo del cuarto día de la misión humanitaria que la Entidad adelanta por el Pacífico chocoano, el Defensor Negret recibió denuncias de parte de la comunidad, autoridades locales y voceros de la sociedad civil, relacionadas con las problemáticas de salud, educación, transporte, desempleo, servicios públicos y orden público que azotan al departamento.

“Gracias por venir, lo consideramos como el padre de las víctimas, nos sentimos mejor con la presencia de ustedes aquí, porque son un gran apoyo y en el departamento no nos sentimos valorados, pero ahora sí nos van a tener en cuenta, a valorarnos y a respetarnos”, fueron las palabras que le expresó uno de los voceros de la Mesa Departamental de Víctimas al Defensor del Pueblo, Carlos Negret, durante uno de los encuentros realizados con la comunidad, este viernes 7 de febrero en la sede de la Entidad en Quibdó.

Voceros de las comunidades étnicas, por su parte, le contaron sobre el confinamiento y desplazamiento que sufren varias de sus familias, por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales. También le pidieron que informe a las autoridades municipales y departamentales sobre la falta de hospitales y colegios en sus territorios.

Luego, el Defensor escuchó a voceros sociales, quienes le entregaron informes y datos sobre distintos temas como la mala situación económica y las deficiencias en infraestructura que presenta el hospital San Francisco de Asís en Quibdó.

Otros asuntos que preocupan a la comunidad son el aumento de consumo de drogas por parte de los jóvenes, el mal estado de las carreteras y el desempleo en la región. Asimismo, expresaron su malestar porque solamente un 50 por ciento de la población en Quibdó goza del derecho fundamental de tener agua potable, pero únicamente por dos horas.

Finalmente, en las reuniones sostenidas con la Diócesis de Quibdó y la Pastoral Social se habló de la importancia de las alertas tempranas para que se actúe ante los nuevos escenarios del conflicto, del reclutamiento forzado a menores de edad y de los enfrentamientos que mantienen el ELN y las AGC por el control de la región para actividades de narcotráfico, que se han extendido a la capital del departamento.