–Ya lo había reseñado ampliamente la ONG Human Rights Watch sobre la violencia y el terror que vive la frontera colombo-venezolana. Ahora, una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, profundiza en el tema y establece que “Sin Dios ni Ley” se debate esa zona de 2.219 kilómetros de extensión, copada por 28 estructuras armadas ilegales, entre las que se encuentra el Eln, 13 grupos armados Organizados, de alcance principalmente regional, como el Epl, los rastrojos, clan del golfo y 10 grupos armados Post Farc (GAPF), y 14 organizaciones criminales de carácter transnacional como los Pranes y el Cartel de Sinaloa.

Estructuras como las del Eln y los GAPF pueden identificarse a lo largo de los siete departamentos ubicados sobre la línea límitrofe, concentrándose especialmente en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Vichada.

Mientras que en La Guajira se observa una proliferación de bandas criminales de carácter local que protagonizan las principales disputas por el control de los pasos fronterizos irregulares existentes en el departamento.

El documento elaborado por Pares caracteriza y analiza las actuales condiciones de seguridad de la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, a partir de la identificación de las principales Estructuras Armadas Ilegales (EAI) que hacen presencia allí, su accionar, los repertorios de violencia contra la población civil, las economías ilegales y las medidas institucionales en materia de seguridad que tienen lugar en este territorio.

La actual dinámica de seguridad en la frontera presenta un recrudecimiento de la violencia y el incremento de los escenarios de riesgo tanto para la población migrante como para la población colombiana que reside o transita en esta zona del país.

El informe destaca que entre 2012 y 2019 en los municipios de frontera con Venezuela han sido asesinadas 4.911 personas; 71 niños, niñas y adolescentes han sido vinculados a algún grupo armado ilegal; 71.561 personas han sido expulsadas forzosamente y 203 han sido secuestradas.

Igualmente, 378 migrantes venezolanos han sido asesinados entre 2017 y 2019.

La frontera entre Colombia y Venezuela tiene una extensión de 2.219 kilómetros siendo la de mayor longitud que tiene el país con una nación vecina.

Está conformada del lado colombiano por 35 municipios de los departamentos de Norte de Santander, La Guajira, Cesar, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía, los cuales limitan con los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas en Venezuela. Este territorio fronterizo se caracteriza por la concentración de distintos actores armados ilegales, así como por una variedad de mercados criminales que dan lugar a una serie de violencias y disputas que tienen graves repercusiones sobre la población civil localizada allí.

La zona de frontera es, además, un espacio dominado por las economías ilegales como la del narcotráfico, el contrabando de gasolina y el tráfico de armas y personas. La múltiple presencia de Estructuras Armadas Ilegales se traduce en la existencia de unas constantes disputas armadas que tienen como propósito el posicionamiento y dominio de estos actores sobre dichos mercados, lo que explica la fuerte ola de violencia que se vive en la frontera, principalmente en Norte de Santander y La Guajira.

Arauca, a pesar de contar también con una fuerte dinámica fronteriza, representa un escenario diferente, en el cual no se evidencia una disputa abierta entre EAI, esto teniendo en cuenta el dominio histórico del ELN en el departamento, poder militar y social que se ha venido fortaleciendo en los últimos años, luego de suspendido, a inicios del 2018, el cese al fuego acordado con el gobierno nacional durante las negociaciones de paz.

Las guerras de la frontera

Las dinámicas de seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela permiten identificar cuatro escenarios principales.

A. Hay territorios en disputa en una guerra abierta entre actores ilegales. Por ejemplo, una disputa de carácter regional que involucra al Eln y al Epl en Norte de Santander en dos zonas: Catatumbo y área metropolitana de Cúcuta. Aunque, en la zona metropolitana hay otros actores que intervienen. El Eln se ha aliado con una serie de colectivos venezolanos y el Epl se ha aliado con el clan del golfo y bandas locales para resistir la ofensiva del Eln.

B. Un conflicto de carácter más local en el departamento de La Guajira, donde las organizaciones criminales que hacen presencia, principalmente en el municipio de Maicao, libran un enfrentamiento por el dominio los pasos fronterizos ilegales que representan una importante renta relacionada, además del cobro extorsivo, al control del contrabando de ganado, gasolina y trata de personas.

C. Por último, un tercer escenario es identificado en Arauca donde el Eln, en ausencia de disputas abiertas contra otras EAI, ha mantenido un control hegemónico sobre las dinámicas del territorio a través de una estrategia, especialmente violenta, de fortalecimiento del control militar y social que le ha permitido mantener su supremacía aún ante la presencia de otros grupos armados ilegales como el GAPF Estructura Décima Martín Villa, entre otras, con quien viene compartiendo incidencia en municipios como Saravena, Arauca, Arauquita, Tame y Fortul.

D. Hay espacios en una tensa calma, pero donde se prevén disputas en los próximos meses. Los diferentes grupos posfarc o disidencias se están reagrupando en al menos tres (3) organizaciones de tipo regional y la disputa es inminente. • Estructuras posfarc agrupadas en torno a Gentil Duarte. Serían 11 disidencias. • Estructuras posfarc agrupadas bajo Iván Marquéz y Santrich, al menos serían cuatro (4) estructuras • Estructuras posfarc independientes y dedicadas al narcotráfico. En proceso de descomposición.

Índice de homicidios, una alarma encendida

Ahora bien, estos tres escenarios son cambiantes. A veces las disputas disminuyen en el Catatumbo, debido a acuerdos entre actores ilegales que meses después estallan. Sin embargo, no son dinámicas permanentes. Al revisar las tasas de homicidios de los municipios fronterizos, se podría concluir que es como si se hubiera vivido una guerra. Para el 2018: Puerto Santander (167,33) y Tibú (247,99) en Norte de Santander; Maicao (59,60) en La Guajira; Saravena (64,16) y Arauquita (75,15) (169) en Arauca; Curumaní (55,65) y La Jagua de Ibiríco (49, 17) en el Cesar, tasas de homicidios superiores a la tasa promedio de homicidios de los 35 municipios de frontera (48.22) y la tasa nacional (24.34) del 2018.

CONCLUSIONES DEL INFORME:

1. El proceso de paz con la extinta guerrilla de las Farc ha generado unos procesos de reacomodamiento para los otros actores armados ilegales; ha generado expectativas, ilusiones y escepticismo entre la población civil; ha puesto en evidencia la escaza efectividad por parte del Estado, de recuperar, afianzar e impulsar su presencia en los territorios anteriormente dominados por las Farc; ha reactivado la economía ilegal.

Los grupos armados post-Farc manejan un bajo perfil, evitan la confrontación directa con las fuerzas del Estado, pero están incrementado el reclutamiento forzado, la explotación laboral en las zonas mineras, el aumento de los cultivos de coca y marihuana y la generación de violencia con otros actores armados ilegales incluidos los sindicatos venezolanos y las mafias del narcotráfico.

2. La guerrilla del Eln se está expandiendo hacia regiones que eran más de dominio de las Farc como es el caso del Vichada. Cuentan con una retaguardia segura en el territorio venezolano e igualmente que los grupos armados post-Farc han procurado evitar enfrentamientos directos con las fuerzas armadas colombianas aunque no han evitado la tentación de producir actos terroristas que comunican con un lenguaje violento su presencia y su poder.

3. La afectación a la población civil continuará acrecentándose tanto por la ausencia del Estado que no ha asumido el reto de abarcar las zonas abandonas por las Farc, así como por la tácita aceptación del dominio que ejercen los diversos actores armados ilegales en la región. La incursión de empresas agroindustriales en el Vichada, sin una clara incidencia social, no está trayendo consigo la cobertura del Estado satisfaciendo en alguna medida las necesidades de la población, por el contrario, la gente se sigue sintiendo abandonada y el trabajo que se ofrece, en su mayoría lo gestionan los grupos armados ilegales, esto puede generar una indiferencia hacia las ofertas que pueda ofrecer el Gobierno en algún futuro o puede aumentar el descontento social.

La economía del Vichada, más que en Arauca, vivirá un periodo de prosperidad con el auge de la minería administrada por los grupos al margen de la ley pero igualmente está muy propensa a la crisis en el momento que los gobiernos de ambos países encuentren un motivo o necesidad para usufructuar esta riqueza. La presencia de las fuerzas armadas en uno y otro lado de la frontera no es signo de control y soberanía, las evidencias van aumentando la percepción de que en estas regiones apartadas el dinero es el aglutinante de la sociedad y quien tiene en cantidad es quien impone la ley, en este caso guerrilleros y narcotraficantes.

4. La violencia sigue siendo parte de la realidad diaria, tanto en Arauca como en el Vichada. El número de homicidios selectivos durante el año 2019 muestra un cambio en la lucha armada.

La población migrante venezolana es uno de los grupos más vulnerables actualmente. A su vez, el ejercicio de la justicia aplicado por los grupos armados ilegales, si bien es cierto que no legitima ninguna ideología, es eficaz porque está a la mano de quienes se sienten afectados en su vida y en sus bienes. Todos los medios de control social que ha aplicado la guerrilla antiguamente siguen siendo válidos para justificar, tolerar y hasta apoyar en alguna medida la presencia de la guerrilla entre la población.

5. La respuesta estatal a las necesidades de la población, tanto en Arauca como el Vichada, está supeditada al orden: policía, militares, etc. Son muy escasas las entidades que dinamicen la economía formal, que faciliten el acceso a la justicia, que satisfagan las necesidades básicas insatisfechas. Los organismos de control y vigilancia como la Defensoría del Pueblo y las Personerías son las únicas que llevan a cabo monitoreo de población por parte del Estado, pero desafortunadamente no logran impulsar respuestas prontas y efectivas por parte de las entidades públicas, destinatarias de las alertas y avisos. La eficacia del pie de fuerza en la región no logra vencer el influjo de los actores armados ilegales; las capturas o decomisos son inofensivos frente al incremento de los actos violentos. A lo anterior se suma la pobre inversión en infraestructura, saneamiento básico y educación.

La población joven y en capacidad de trabajar está siendo explotada por guerrilleros y narcotraficantes.