–Al informe de ONU-Derechos Humanos, se sumó este miércoles otro del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, en el cual advierte que en Colombia “los abusos de la guerra “no han menguado” y que las nuevas dinámicas de la violencia presentan un complejo panorama de abusos.

De otro lado, el CICR reseña que el recrudecimiento de las acciones armadas indica que las promesas de paz aún no se han materializado en las regiones más vulnerables de Colombia.

“La paz es todavía esquiva en muchos territorios de Colombia. En 2019, hubo 352 víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal, más de 25.300 personas desplazadas masivamente y 218 agresiones a la Misión Médica. Sin embargo, estos fueron solo algunos de los tristes indicadores del deterioro de las condiciones humanitarias en varias zonas del país”.

Igualmente indica que a lo largo de 2019, sus equipos en el terreno documentaron 987 violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) y otras normas humanitarias.

El 77 por ciento de estos casos fueron amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores. Sin embargo advierte, “se trata de una mirada parcial de la situación, resultado de los casos que conocimos de primera mano que en las 13 oficinas que tenemos en el país” y agrega:

“Este panorama desalentador muestra que todos los actores armados en Colombia aún irrespetan las reglas mínimas de la guerra y dejan a la población civil frente a las peores consecuencias de sus acciones”.

Al respecto indica: “Los abusos de la guerra no han menguado y tienen una configuración distinta en cada región del país. Esto significa que acciones como identificar las estructuras de los actores armados, establecer un diálogo para recordarles su obligación de cumplir las normas humanitarias y explicarles la importancia de permitirnos llegar a las víctimas todavía son nuestros grandes retos como trabajadores humanitarios, que también enfrentan otras organizaciones e instituciones estatales”.

Añade que en 2019, registró tendencias sobre dinámicas que persisten.

“Muchas de las víctimas utilizadas por miembros de grupos armados para sus actividades fueron luego violentadas sexualmente”, indica y establece que en ocasiones, como represalia, otros grupos las desaparecieron o asesinaron.

Según el CICR, las amenazas suelen extenderse a sus familias, las cuales debieron desplazarse y permanecer en silencio. El miedo, pero también la triste normalización de muchas de estas prácticas, dificultan la capacidad de conocer más casos y la posibilidad de tomar medidas preventivas para proteger a posibles víctimas.

Advierte que el subregistro todavía es evidente en problemáticas como la desaparición, cuya dimensión incluye a más de 83.000 víctimas* y no muestra señales de detenerse. Durante 2019, registramos 93 nuevas desapariciones en Colombia, complementa.

Dice que aunque obtuvo información sobre 913 de las 2.158 personas que estamos buscando, solo se resolvieron 116 casos (5% del total).

“Lo anterior evidencia que encontrar a las personas que faltan es una tarea titánica que tomará muchos años y a la que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas dedica todos sus esfuerzos, en conjunto con otras instituciones”, anota.

Indica que las familias deben contar con mejores condiciones de seguridad para poder reportar sus casos. Y a esto debe sumarse el reconocimiento pleno por parte todos los actores armados sobre su obligación de brindar información para la búsqueda exitosa de los desaparecidos en sus zonas de influencia.

“Si no hay voluntad para cerrar la espiral de dolor que sufren demasiados colombianos, las respuestas, tan necesarias en estos momentos de incertidumbre, quedarán solo en el papel”, puntualiza.

El CICR destaca que a este panorama se debe sumar la especial vulnerabilidad de más de 1,6 millones de migrantes, incluyendo refugiados, cuando transitan o se establecen en zonas colombianas afectadas por el conflicto y la violencia armada. Además de los abusos y riesgos a los que están expuestos, se debe considerar, en muchos casos, el temor de buscar ayuda, la xenofobia y el escaso conocimiento de sus derechos.

Y finaliza: “Urge una respuesta integral a las necesidades de las comunidades que históricamente han sufrido los estragos de más de medio siglo de conflicto y que hoy acogen a la población migrante, así como a cerca de 500.000 colombianos que han retornado al país”.

Complementa el informe con el siguiente video sobre “la Colombia que muchos no han querido ver”: