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Bogotá

Concejal Colmenares denuncia que más 200 cámaras de seguridad de Bogotá están dañadas

El concejal Jorge Colmenares denunció este jueves que existen más de 200 cámaras de seguridad inservibles en la ciudad de Bogotá, que están poniendo en peligro la vida e integridad de miles de ciudadanos.

Los 675.045 habitantes de las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Santafé y La Candelaria son los más afectados por la falta de funcionamiento de estas herramientas tecnológicas que llevan varios años sin prestar el servicio de video vigilancia en los barrios, por encontrarse fuera de servicio.

El anuncio es el resultado de la investigación hecha por Jorge Colmenares, quien pudo evidenciar las irregularidades y la falta de funcionamiento que hoy presentan más de 200 cámaras ubicadas a lo largo de la ciudad y que deberían estar velando por la seguridad y protección de los bogotanos.

Este contrato fue celebrado durante la administración del exalcalde Gustavo Petro entre el liquidado Fondo de Vigilancia y Seguridad -FVS- y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá –ETB-, y tuvo un costo de $1.148 millones por solo 4 meses y 15 días de funcionamiento.

Colmenares destacó que esta problemática se presenta “en una ciudad como Bogotá, dura, hostil salvaje y con las tasas de criminalidad y delincuencia que enfrenta, por lo que es inadmisible que estas cámaras no estén funcionando desde hace 4 años. No hay derecho a jugar de esta manera con la seguridad de los bogotanos”.

También se refirió a la falta de información concreta que rodea este caso: “el otro gran inconveniente que tenemos es que, al interior de la administración de Bogotá, nadie parece saber quién es el responsable de desmontar estas cámaras inservibles, para que la Secretaría de Seguridad pueda reemplazarlas por unas que si funcionen”.

Finalmente Colmenares hizo un llamado a los autoridades competentes y entes de control –Fiscalía, Procuraduría, Personería y Contraloría-, para que se investigue a los responsables de estos hechos y ratificó que no descansará hasta que se desmonte cada una de las 200 cámaras obsoletas y se habilite efectivamente un servicio de vigilancia adecuada y eficaz que sí proteja a los ciudadanos.