En total 14 concejales de Bogotá, y dos congresistas, radicaron ante la Corte Suprema de Justicia un documento en apoyo a la tutela presentada por organizaciones sociales y académicas dirigida a convocar medidas eficaces para garantizar a la ciudadanía el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad personales y por supuesto el derecho político a la movilización y a la protesta.
En el documento, los concejales insistieron en que las protestas han sido mayoritariamente pacíficas y que los actos de violencia que se presentaron durante las movilizaciones de 2019 no llegaron ni siquiera al 12% y que por el contrario la Fuerza Pública si se excedió en el uso de sus atribuciones, por lo que consideran que lo sucedido en el Paro Nacional constituye graves violaciones a los derechos humanos, incluidas la tortura y la desaparición forzada.
“Cifras de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito, indican que durante el 2019 se realizaron 797 movilizaciones o manifestaciones, de las cuales, únicamente 95 se tornaron violentas, es decir, solo el 11,9%. A pesar de ello, entre el 21N y el 19D (27 días), el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) realizó 111 intervenciones. En 27 días el ESMAD intervino más veces que en el número total de las protestas violentas de todo el año 2019”, anotan los concejales.
Así mismo, llamaron la atención sobre el uso de infiltrados de la Fuerza Pública en las manifestaciones, sin mostrar resultados claros sobre este tipo de estrategias de inteligencia. Según el documento (coadyuvancia) presentado por los concejales, la Policía Metropolitana reconoce que infiltra las movilizaciones con miembros de la Fuerza Pública vestidos de civil como una estrategia de inteligencia para identificar a quienes pretenden alterar el orden de las mismas. Sin embargo, no existe informe alguno que de cuenta de los logros y/o resultados de dichas infiltraciones. Se espera que la Policía rinda cuentas sobre los resultados de sus labores de inteligencia y contrainteligencia para prevenir el saboteo violento de las protestas.
La tutela prentende que se analice, con participación de organizaciones sociales, las actuaciones del ESMAD y que se propongan reformas de fondo. Pide que se ordene a la Policía Nacional, abstenerse de usar la figura de traslados por protección y para procedimiento policivo contra los manifestantes, así como de hostigarlos física y verbalmente y lanzarles elementos de dispersión de manera directa.
“Según la misma Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), durante las protestas realizadas en 2019 se realizaron 940 traslados por protección a Centros de Traslados por Protección (CTP)”, anota el documento
Diversos testimonios que hicieron parte de investigaciones realizadas por organizaciones sociales y denunciados por redes sociales y medios de comunicación fueron presentados durante el debate en el Concejo de Bogotá (febrero 10 de 2020) e indican que hubo graves violaciones a los derechos humanos: tortura física, piscológica y sexual, desaparición forzada, tratos crueles inhumanos y degradantes.
Datos de la Secretaría Distrital de Salud, indican que en 2019 aumentó en un 339% el número de heridos en medio de manifestaciones.
La tutela en trámite contra el Presidente de la República, Iván Duque, el Ministro de Defensa, el Director de la Policía Nacional y el Director de la Policía Metropolitana de Bogotá; que incluye más de 15 peticiones, fue interpuesta por el Comité de Solidaridad por los Presos Políticos, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Humanidad Vigente, la Dra. Ana Bejarano y el Dr. Douglas E. Lorduy, entre otros.
