La Fiscalía General de la Nación confirmó este sábado que el general venezolano retirado Clíver Alcalá Cordones, quien fue extraditado a EEUU, donde servirá como testigo en contra de Nicolás Maduro, no tenía una orden de captura en su contra, ni solicitud de extradición.

“La Fiscalía General de la Nación conoció que el señor Clíver Alcalá Cordones se entregó a las autoridades de Estados Unidos. Al momento de su entrega, no existía orden de captura ni solicitud con fines de extradición”, afirmó el ente investigador en un comunicado.

Cabe destacar que el oficial en retiro fue sorprendido por las autoridades colombianas cuando transportaba en una camioneta un arsenal de 26 fusiles de asalto AR-15 y accesorios de uso militar, .

En el vehículo, que fue detenido por la carretera que de Barranquilla conduce a Santa Marta , las autoridades también encontraron 30 miras láser, 37 visores nocturnos, ocho silenciadores, chalecos antibalas, cascos y otros elementos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La nota oficial agregó que «El señor Cliver Alcalá Cordones aseguró públicamente que el cargamento incautado le pertenecía, por lo que la Fiscalía General de la Nación generó nuevas actividades investigativas dentro del caso para recolectar evidencia que determine su participación».

Alcalá se entregó en Colombia a la Administración para el Control de Drogas ?de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) y llegó al aeropuerto White Plains en Nueva York, desde la portuaria ciudad de Barranquilla, en donde residía. El militar renunció a su extradición luego de aceptar colaborar con los fiscales, dijeron tres fuentes a Reuters.

“Familia me despido por un tiempo, enfrento mis responsabilidades de mis actuaciones con la verdad”, dijo Alcalá en un video que publicó en su cuenta en la red social Instagram.

El militar retirado declaró a una emisora colombiana el jueves que un arsenal que confiscó la Policía Nacional en una carretera del norte de Colombia estaba destinado a una operación militar para “liberar a Venezuela”, una actividad que formó parte de un contrato que firmó el líder de la oposición venezolana Juan Guaidó con asesores norteamericanos.

Los portavoces de la Casa Blanca, la DEA, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Policía Nacional de Colombia no respondieron de inmediato las solicitudes de comentarios.

El Gobierno de Estados Unidos acusó el jueves de narcotráfico a Maduro, Alcalá y a más de una decena de altos funcionarios venezolanos, en la última escalada en una campaña de presión de la administración del presidente Donald Trump destinada a sacar del poder al líder venezolano.

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, acusó a Maduro y otros funcionarios de conspirar con una facción disidente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) “para inundar Estados Unidos con cocaína”.

Maduro, en un discurso por la televisión estatal, consideró el jueves los cargos como falsos y racistas, al tiempo que calificó a Trump de “miserable”.

Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que condujera a la captura o procesamiento de Alcalá, de 58 años.

La acusación alegaba que Alcalá y otros altos funcionarios recibieron sobornos de las FARC a cambio de asegurar los envíos de cocaína a través de Venezuela.

El Departamento de Estado también ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la detención de Maduro.

Alcalá anunció a las autoridades estadounidenses el jueves por la noche que se rendiría, según una fuente de la DEA.

El militar se retiró de las fuerzas armadas cuando Maduro asumió la presidencia en 2013, después de que el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, falleciera de cáncer.

Más tarde, Alcalá se enfrentó al Gobierno socialista y huyó a Colombia, país desde donde enfrentó a Maduro y respaldó a Guaidó, reconocido por Estados Unidos y más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela.