Acompañado de una raída maleta negra y un morral en donde guarda todas sus pertenencias, José Ramírez está resignado a pasar la noche en un parque del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, tras ser desalojado del hospedaje en el que vivía desde hace cinco meses.

Luego de perder su empleo como conductor por la cuarentena decretada por el Gobierno -que restringe el tránsito para contener el contagio del coronavirus-, Ramírez no tiene los 25.000 pesos que le cobraban un cuarto cada noche en una casa adaptada como hotel.

“Me dijeron que ya no me podían dejar (quedar) porque ellos tenían que pagar servicios, tenían que pagar otras obligaciones”, dijo. “Que ellos no eran caridad, entonces me dijeron que me sacaban”.

Cientos de personas fueron desalojadas en los últimos días solo en Bogotá por la falta de recursos para pagar hospedajes que en muchos casos cobran 5.000 pesos (unos 1,2 dólares) por cada cama, a pesar de que las autoridades prohibieron que las personas fueran sacadas a la calle en medio de la emergencia decretada por el Gobierno.

Algunos que fueron desalojados días antes -incluyendo emigrantes venezolanos-, pudieron regresar en compañía de la policía a hostales y viviendas de donde habían sido sacados, pero en la mayoría de los casos no fue posible.

SIN DIOS NI LEY

“Las personas que atienden allí son administradores, no son los dueños de los inmuebles y no han querido ni hablar con nosotros ni con las autoridades”, dijo Horacio Guerrero, director de asuntos étnicos de la Alcaldía de Bogotá, mientras organizaba un operativo para dar alojamiento a una comunidad de cerca de 60 indígenas Embera Katio.

“En la medida en que las personas dueños de los hoteles, dueños de los hospedajes, dueños de las casas de “pagadiario” asuman esta situación irresponsable e irregular puede complicarse”, advirtió.

Se estima que unos cinco millones de familias viven en alquiler en este país de 50 millones de habitantes, según el Ministerio de Vivienda, por lo que el Gobierno ha pedido la solidaridad de los propietarios para conciliar soluciones en medio de las dificultades financieras ocasionadas por la parálisis de la economía ante el aislamiento.

El indígena Tintiliano Vitucay hacía fila con otros 25 miembros de su familia, esperando ser trasladados por las autoridades hacia albergues temporales.

“A las 9 de la mañana el dueño de la casa nos echó a la calle”, dijo el Embera Katio de 39 años que tres meses antes llegó a Bogotá tras ser desplazado de manera forzosa por grupos armados ilegales de su finca en el departamento de Chocó bajo amenaza de muerte. “Las cosas se quedaron en la casa en la que estábamos en arriendo porque no tenemos cómo sacarlas”.

La Alcaldía de Bogotá se comprometió a asumir los costos de los alojamientos para evitar los desalojos. Pero a pesar de los anuncios de que se priorizará la ayuda a las personas necesitadas de los estratos bajos, los recursos y planes no alcanzan para todos.

Juan José Higuera duerme en la calle desde el domingo cuando fue desalojado de la casa en la que vivía desde hacía dos años, luego de que perdió su trabajo haciendo ramos de flores que los dolientes llevan a sus familiares enterrados en el cementerio central de la ciudad.

Extraoficialmente, funcionarios de la alcaldía que se encontraban en la zona dijeron que no podían brindarle asistencia por falta de claridad de un lugar de traslado.

“En este momento no tengo apoyo de nadie, no tengo familiares, no tengo en dónde quedarme esta noche, no he comido nada”, dijo Higuera de 49 años, en medio de lágrimas.

“Yo le pido a mi Dios que me quite la vida”, afirmó mientras miraba al cielo. Reuters