La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, recomendará la renovación de una línea de crédito con Colombia, por 11.000 millones de dólares, solicitada para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, informó este jueves el organismo en un comunicado.
El FMI dijo que su directorio ejecutivo consideró el pedido del gobierno del presidente Iván Duque, de acordar una nueva Línea de Crédito Flexible (LCF) con el organismo al mismo nivel de acceso que la negociada en 2018, lo cual equivale actualmente a 10.800 millones de dólares, y que Georgieva “tiene la intención de recomendar la aprobación (…) en las próximas semanas”.
“Esta línea de crédito renovable ayuda a proteger contra choques externos a los países que tienen marcos de política muy sólidos y una trayectoria de buen desempeño económico”, señaló el FMI.
Por tanto, Colombia se beneficia de esta LCF desde 2009. El Fondo señaló que Georgieva “tiene la intención de recomendar la aprobación del acuerdo LCF 2020 para Colombia cuando el Directorio Ejecutivo del FMI se reúna nuevamente para tomar una decisión en las próximas semanas”.
El Gobierno colombiano agradeció la disposición de Georgieva, subrayando que las autoridades siguen considerando la LCF como una herramienta de carácter precautorio.
“Una renovación del acceso a este instrumento complementa la liquidez externa y conserva la confianza de los agentes en la economía colombiana, facilitando el acceso del país a los mercados financieros internacionales en condiciones favorables”, dijo el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, había anunciado el pedido al FMI, un día después de que Duque prolongara el confinamiento de la población hasta el 27 de abril para frenar la expansión de la COVID-19.
Colombia, la cuarta economía latinoamericana, lidia con un déficit fiscal equivalente al 4,3 % del PIB y un desempleo que el año pasado se ubicó en el 11,2 %, su tasa más alta en nueve años.
La crisis sanitaria está golpeando especialmente a los trabajadores informales (que representan el 47 % de la población económicamente activa) y amenaza con destruir cientos de miles de empleos.
