Con una unión sin precedentes, arranca la acción articulada de todas las autoridades que tienen la responsabilidad de luchar contra la corrupción, para poner freno y castigo a robos, sobrecostos o abusos en recursos para la contratación directa autorizada en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

La Vicepresidente Marta Lucía Ramírez y la Secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño Patiño, decidieron unir la tarea anticorrupción del Gobierno, a la que adelantan Fiscalía General, Contraloría, Procuraduría, Función Pública y Colombia Compra Eficiente, y convocarlos para coordinar y concretar acciones contra los corruptos, castigar a quienes se están robando los recursos del Estado, aprovechando la agilización de los trámites de contratación, que permite el Decreto 417 de 2020 de Estado de Emergencia Económica y Social, para enfrentar la crisis sanitaria generada por la pandemia.

“Se trata particularmente de articular competencias contra la corrupción; cada entidad va a implementar medidas que permiten castigar a los corruptos y blindar los recursos destinados a atender la emergencia sanitaria. Seremos inmisericordes en la persecución y castigo a quienes están robando recursos o que pretendan engañar a las comunidades.
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No habrá piedad para ladrones, usurpadores ni lugar donde puedan esconderse”, dijo enfáticamente la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez.

Por su parte, la Secretaria de Transparencia Beatriz Elena Londoño recordó que “alcaldes, gobernadores y en general, funcionarios, que tengan a su cargo la ejecución de dineros públicos estarán obligados a reportar, sin falta, el minuto a minuto de la contratación, y a contratar cumpliendo la ley; sólo así mostrarán que actúan con total apego a los principios de transparencia e integridad. Tendrán ahora los ojos del control fiscal, disciplinario, administrativo y penal sobre ellos.
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Nuestra acción es rodear su actuar”.

Es importante informar cualquier hecho irregular en la contratación de emergencia -dijo- y cada gobernante debe “suministrar información completa, clara y oportuna sobre los contratos que se estén celebrando o se planea celebrar y la relación de cada uno; de los recursos recibidos y los que ha destinado; así como el hecho para conjurar ante la crisis derivada del COVID-19”.

Londoño agregó que su despacho ha requerido a los departamentos de Magdalena, Santander, Atlántico, Casanare, Sucre, Tolima, Norte de Santander, Arauca, Caldas y Cundinamarca, para fines de investigación, la evidencia que soporta la contratación de emergencia que están llevando a cabo, y verificación del cumplimiento efectivo de la tarea de control interno, ante las alertas que evidencian la magnitud del riesgo en el cual se encuentran los dineros destinados para esta emergencia. Afirmó, que esta acción se cumplirá frente a cada gobernante sobre el que se reciba información sobre presuntos hechos de corrupción.

Este bloque conformado desde ahora con la Institucionalidad en pleno, convocado por la Vicepresidente y la Secretaria de Transparencia, cerrará el paso al despilfarro de recursos asignados a la emergencia sanitaria, o a los que de manera tramposa se desvíen a las arcas de los corruptos.

La Secretaría de Transparencia ha recibido denuncias de presuntos sobrecostos, repartición de mercados de manera irregular, cobros por el retiro de subsidios, entre otras.

Para enfrentar este flagelo, la Secretaría, con el apoyo de Función Pública, activará la red de Oficinas de Control Interno que prestan servicio a las entidades del Estado para que estén alertan sobre posibles irregularidades y ejerzan el control necesario y oportuno en medio de la emergencia.

El propósito como Estado siempre ha sido, para quien cometa un delito por corrupción, sanciones, inhabilitaciones y de ser el caso, cárcel.

Adicionalmente se le despojará de los bienes producto de los ilícitos y habrá de responder por los daños sociales causados.

Denuncias en: denunciacorrupcion@presidencia.
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