La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó este martes el compromiso del Gobierno de Colombia para asegurar la implementación sostenida de programas relacionados con la paz, pese a los desafíos, entre ellos el contexto que plantea la emergencia por el coronavirus.

Así lo manifestó el Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, al presentar al Consejo de Seguridad del organismo, por medio de una sesión virtual, el informe del Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, sobre el período comprendido del 27 de diciembre de 2019 al 26 de marzo pasado.

“La pandemia del covid-19 está teniendo un profundo impacto y el proceso de paz sin duda sentirá sus efectos. Ha sido alentador ver cómo los colombianos y colombianas han encontrado respuestas a esta crisis y han respondido positivamente a los llamados a la unión”, declaró Ruiz Massieu.

En la sesión virtual participaron los embajadores de los países del Consejo de Seguridad, la Ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, y el Consejero Presidencial para Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.

“Resalto la sostenida e integrada presencia de las instituciones del Estado para mantener la paz y la estabilidad en los territorios. Celebro que el Consejero Presidencial haya continuado en coordinar lo necesario para que la implementación de los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) no se vea afectada por la actual crisis”, añadió el Jefe de la Misión de Verificación.

Mientras tanto, el Gobierno del Presidente Iván Duque dejó claro que realiza todos los esfuerzos para avanzar en la implementación de los acuerdos a través de la política de Paz con Legalidad, pese a la crisis generada por el coronavirus que afecta al mundo, y destacó avances en aspectos como los PDET.

La Canciller citó los desafíos que enfrenta Colombia, entre ellos la pandemia del covid-19 y la migración venezolana, pero hizo énfasis en que “incluso en estas circunstancias, el Presidente Duque ha reafirmado su determinación de avanzar en la implementación de la política de Paz con Legalidad”.

“La decisión es acelerar y cumplir nuestros compromisos con las víctimas, los excombatientes, y con las comunidades y familias involucradas en esta política, incluyendo a aquellos que participan en programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”, expresó.

Se refirió a la seguridad de los excombatientes y sus familias, así como de los miembros del hoy partido político Farc y dijo que son una prioridad.

“La política de Paz con Legalidad establece la articulación de los esquemas de seguridad. Más de 40 medidas de seguridad y protección se vienen desarrollando para materializar el compromiso del Estado con la seguridad de los excombatientes”, sostuvo.

Precisó que un total de 3.740 miembros de la Fuerza Pública custodian la seguridad de esos excombatientes en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), mientras que la Unidad Nacional de Protección brinda seguridad a 300 excombatientes.

Mientras tanto, el Consejero Archila resaltó el compromiso del Gobierno y los avances en aspectos clave como el impulso a los PDET, y el apoyo a los excombatientes de la Farc.

“No hemos ahorrado esfuerzos para cumplir en los diferentes frentes: tenemos protocolos especiales de protección en los municipios PDET, atendemos requerimientos de los reincorporados de las Farc en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y mantenemos el cronograma de pagos vinculados al Programa de Sustitución de Cultivos (PNIS), precisó Archila.

El Consejero Presidencial resaltó que “el Consejo de Seguridad manifestó unánimemente su apoyo al proceso de implementación de los acuerdos. Todos los embajadores reconocieron el compromiso del Presidente en el sentido de que en medio de la pandemia, la voluntad política de cumplir y que no haya una desaceleración del proceso, es evidente”, dijo.

Además, se refirió a la preocupación expresada por Naciones Unidas por las acciones de los violentos contra los líderes sociales en Colombia.

“La seguridad de los líderes sigue siendo un gran reto. Hay más de 40 medidas con 12 entidades que trabajan para enfrentar esta amenaza. La Fiscalía es eficiente en la investigación. Hay avances importantes, pero como hemos dicho, seguimos con una acción decidida frente a la amenaza que representan los intereses del narcotráfico y las economías ilegales”, subrayó.

“El informe nos llena de ánimo y nos compromete a seguir con acciones y con valentía en la ruta correcta”, concluyó el Consejero Archila.