La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) solicitó al Ministerio Público de la Confederación Helvética (MPC) que continúe con la investigación en el asunto del contrato firmado por su expresidente Joseph Blatter con la Unión Caribeña de Fútbol, pese a la intención manifestada del MPC de ponerle fin.

«Hemos presentado observaciones oficiales ante el Ministerio Público de la Confederación (MPC) solicitando una continuación de las investigaciones», afirma la FIFA en un comunicado, confirmando una información del diario francés Le Monde.

«En efecto, la FIFA reflexiona sobre todas las opciones legales que permitan garantizar que las personas concernidas sean responsables», añade, confirmando ese artículo de Le Monde, que habla de una «guerra judicial» entre la FIFA y Blatter.

Un informe policial obtenido el miércoles por la AFP asegura que las sospechas de «gestión desleal» contra Sepp Blatter «estaban bien fundadas», pese a que el MPC decidió recientemente cerrar su trabajo en ese asunto, que es una de las dos investigaciones sobre el expresidente de la FIFA por parte de la justicia suiza.

El MPC sospechaba que Blatter había firmado un «contrato desfavorable para la FIFA» con la Unión Caribeña de Fútbol (CFU), dirigida entonces por el trinitense Jack Warner, suspendido luego de por vida por la FIFA e inculpado por corrupción por la justicia estadounidense.

Ese contrato, rescindido en 2011, se refería a los derechos televisivos de los Mundiales de 2010 y 2014 y era por 600.000 dólares (536.000 euros), una cifra considerada por debajo del precio de mercado.

Como consecuencia de «la inacción del señor Blatter contra la CFU o contra el señor Warner, la FIFA sufrió un perjuicio de una cantidad que alcanza los 3,78 millones de dólares (3,48 millones de euros)», se precisaba en el informe.

El MPC confirmó a principios de abril que no tenía intención de continuar esa acción contra el expresidente del fútbol mundial, que tiene ahora 84 años. Ese asunto es uno de los dos del proceso que se abrió contra Blatter en 2015 por «sospecha de gestión desleal y abuso de confianza».