La difícil situación que viven los privados de la libertad en la cárcel de Villavicencio ha hecho que la Corte Constitucional ordenara al Inpec realizar actualizaciones de la hoja de vida y categorización de los reclusos.

Con esto el instituto penitenciario deberá remitir, la documentación de las personas caracterizadas a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, quienes deberán resolver de oficio o a petición de parte sobre la prisión domiciliaria o la libertad condicional, según sea del caso.

Asimismo, la Corte señaló que se debe tramitar la libertad de personas que hayan cumplido 60 años de edad o que padezcan cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, diabetes, insulinodependientes, trastorno pulmonar, anticoagulación, hepatitis B y C, hemofilia, artritis reumatoide, enfermedades tratadas con medicamentos inmunosupresores, enfermedades coronarias, personas con trasplantes, enfermedades autoinmunes, enfermedades huérfanas y cualquier otra que ponga en grave riesgo la salud o la vida del persona privada de la libertad.

Una vez realizada esta caracterización, el Inpec deberá remitir la información de las personas sindicadas a la Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, en el caso de las personas condenadas, a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad.

Por su parte, el abogado especialista en salud, Jesús Albrey González, se refirió a la problemática carcelaria en Colombia que se agudiza cada vez más en medio de la situación que afronta el país por el covid-19.

“El solo hecho del hacinamiento es violatorio de normas de derecho internacional humanitario, ahora imaginémonos ese mismo hacinamiento sin elementos de protección, sin medidas de higiene ni condiciones adecuadas. Sin protocolos al interior de las cárceles que sean realmente efectivos, es más que evidente la violación de los derechos humanos de la población reclusa”, aseveró González.

Esmeralda Echeverry, directora del movimiento carcelario expresó que en innumerables ocasiones han exigido a todos los organismos del Estado políticas para la prevención y mitigación del covid-19 en los centros de reclusión, donde no sólo se han visto afectados los reclusos.

“Los funcionarios del Inpec son los más afectados ya que a pesar de todas las directrices que ha brindado el Gobierno Nacional, el Estado en cabeza del Ministerio de Justicia y del Inpec les ha negado la debida protección para poder ejercer sus funciones dentro de los establecimientos carcelarios de Colombia”, dijo. Una problemática que ha estado presente en las cárceles desde hace décadas y que a raíz de la pandemia ha quedado expuesta la ausencia de una política carcelaria, ahora el covid-19 ha hecho que se generen dudas sobre el correcto funcionamiento de las cárceles en el país.